La violencia obstétrica es una forma de violencia institucional contra las mujeres que comprende toda acción u omisión por parte del personal de salud, que dañe, lastime o denigre a la mujer durante el parto, así como la negligencia en su atención médica que se exprese en un trato deshumanizado y/o discriminatorio, vulnerando sus derechos a la autonomía y libertad reproductiva, así como al consentimiento informado.
Actualmente, la legislación federal en México no reconoce expresamente este tipo de violencia de género, y sólo cuatro estados cuentan con definiciones de violencia obstétrica en sus Leyes de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Es importante que las leyes nacionales y estatales proscriban la violencia obstétrica, para que la práctica se visibilice en el país como una violación a los Derechos Humanos de las mujeres
La violencia obstétrica constituye una violación al derecho de toda persona a no ser sometida a tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanos y degradantes, como lo ha señalado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Además de la violencia obstétrica, las mujeres con VIH en México enfrentan importantes barreras para ejercer sus derechos reproductivos, que van desde la omisión en la oferta de métodos anticonceptivos diferentes al condón masculino, la falta de información sobre cómo embarazarse de manera segura para la pareja que no vive con VIH y para el producto, la discriminación en el acceso y la negativa de los servicios de salud materna, así como una atención deficiente en prestación de los servicios debido a problemas estructurales en los sistemas de salud, como la fragmentación de los servicios y problemas de desabasto de pruebas rápidas durante el embarazo y el parto, así como de antirretrovirales para ser usados durante el parto cuando el diagnóstico se realiza en ese momento.
Las principales violaciones a los derechos reproductivos que se han documentado en nuestro país se centran en:
a) El derecho a la no discriminación en los servicios de salud, especialmente los de salud sexual y reproductiva.
b) El derecho a la información y al consentimiento informado para aceptar intervenciones médicas.
c) El derecho a decidir el número y el espaciamiento de las y los hijos.
Es preocupante que entre los prestadores de los servicios de salud existen serios cuestionamientos sobre el derecho a decidir sobre la maternidad de las mujeres que viven con VIH. Estas percepciones y actitudes están sin duda relacionadas con la falta de capacitación en VIH del personal de salud, y en la normatividad referente al VIH.
Entre el segundo semestre de 2012 y el primero de 2013, como parte de un esfuerzo de Balance A.C. y otras organizaciones de la sociedad civil, se entrevistaron a 91 mujeres mexicanas con VIH para identificar violaciones a sus derechos reproductivos.
Encontramos que se niega o retrasa la cesárea, que es una de las acciones clave para evitar la transmisión del virus al producto cuando la mujer no tiene la carga viral estable, debido a que el personal de salud encargado de la cirugía se niega a atender mujeres con VIH.
Existieron además casos de esterilización involuntaria. En ocho de estos casos, hubo esterilización bajo coerción pues se obtuvo el consentimiento de manera viciada (se les dijo que no tenían otra alternativa o “no estaban para negarse”), y en uno de ellos fue bajo los efectos de la anestesia.
En uno de estos casos hubo esterilización forzada, pues se realizó el procedimiento sin consentimiento alguno durante la cesárea. A partir de la conclusión de las entrevistas, se han documentado cuatro casos adicionales de esterilización involuntaria en México.
La esterilización involuntaria a mujeres con VIH es común en el sistema de salud pública en México, donde la coerción para esterilizarse es una práctica generalizada e incluso se reportan casos de esterilización forzada.
La esterilización se da de manera involuntaria bajo dos modalidades: esterilización bajo coerción y esterilización forzada.
La esterilización bajo coerción ocurre cuando el consentimiento de la persona no se da de manera libre e informada. La esterilización forzada ocurre cuando la persona es esterilizada sin su conocimiento, y no se le brinda la oportunidad de dar su consentimiento.
En el caso de las mujeres con VIH, estas prácticas parten de la discriminación sistemática en contra de las mujeres con VIH y se basan en dos creencias erróneas por parte del personal médico: que las mujeres con VIH no deben tener hijas e hijos, pues transmitirán el virus a su descendencia, o que necesariamente morirán a causa del padecimiento, cuando de hecho actualmente, con los cuidados adecuados, la probabilidad de transmitir el virus al feto es de menos de 2 por ciento.
El hecho de que las mujeres con VIH necesiten del tratamiento antirretroviral de manera constante y que les toque el mismo médico durante largos periodos de tiempo, aunado a que la atención del recién nacido de una mujer con VIH requiere un nivel de atención especializado, hace que sean objeto de presiones que incluyen aceptar las esterilizaciones, y llegan al extremo de ser amenazadas para quitar las denuncias que presentan si quieren continuar con la atención médica.
Es fundamental desarrollar un proceso de capacitación y actualización continua que permita que todo el personal de salud se sensibilice y actualice sobre los avances científicos en torno a la atención y tratamiento del VIH, en la normatividad relacionada con el virus, y en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres con VIH.
Asimismo, la normatividad de salud sexual y reproductiva debe incluir la atención de las necesidades específicas de las mujeres con VIH, y la de VIH las de salud reproductiva.
*Directora de Balance Promoción para el Desarrollo y Juventud A.C.
**Balance es parte de la Coalición por la Salud de las Mujeres, una red de organizaciones civiles con trabajo en salud y derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Por: Eugenia López Uribe