Por: Angélica de la Peña*
Quienes somos fundadoras del Partido de la Revolución Democrática (PRD) conocemos desde el Primer Congreso Nacional en 1989 las actitudes reactivas que provoca exigir nuestros derechos políticos para lograr la igualdad de trato con los hombres.
Cuando propusimos la cuota mínima de 20 por ciento para mujeres en los espacios de dirección y en las listas plurinominales de candidaturas electorales en el estatuto hubo airadas intervenciones en pro y en contra.
Quienes se oponían argumentaban que no eran necesarias cuotas para las mujeres, que cada quien valía por sus capacidades que debían prevalecer frente a cualquier decisión, que las mujeres no debíamos estar por ser mujeres sino por “nuestro trabajo”. No se requiere mucha ciencia para ubicar el carácter androcéntrico de estos y otros comentarios alusivos.
Durante esa época, en todo el mundo prevalecía una inexorable verdad: se logra que las mujeres sean consideradas para los espacios de decisión y de poder únicamente con la imposición de cuotas como acciones de discriminación afirmativa.
Se hacen efectivos para las mujeres sus derechos políticos a ser votadas u ocupar espacios de decisión sólo por medio de normar cuotas proporcionales de inclusión obligatoria.
Prevaleció el acierto democrático en el primer congreso fundacional del PRD y se instauró la cuota de género. El PRD pasó de la cuota del 20 al 30 por ciento y al 70/30 en los siguientes 17 años siempre con altibajos y actitudes de todo tipo, hasta la inclusión en el estatuto de la igualdad sustantiva y la paridad en todos los espacios de dirección y en las candidaturas.
Este proceso democrático no ha sido fácil. En muchas ocasiones las mujeres mismas se han manifestado en contra de las acciones afirmativas temporales aduciendo que la cuota es indigna o una graciosa concesión con la que sólo se beneficia a las compañeras “alineadas” a los señores dirigentes; sobre esto último no les falta razón, pero lo mismo acontece con los hombres.
Lo cierto es que frente a la desventaja histórica sistémica machista y patriarcal que discrimina a las mujeres por serlo, sólo es posible garantizar nuestros derechos políticos y civiles en todo el mundo obligando su inclusión en la temporalidad que sea necesaria en cada país.
En esta causa han coincidido y participado solidariamente muchos hombres quienes, en una actitud congruente con nuestra definición política de izquierda y progresista, asumen e impulsan la paridad y la igualdad sustantiva; desafortunadamente son los menos.
Es común escuchar que no hay mujeres capaces y que quienes pugnamos por la paridad somos insoportables; la descalificación evidencia el atraso que impera en nuestras filas, cuestión que no es diferente por cierto en otros partidos políticos, porque el origen de este pensamiento conservador es el mismo, es estructural: las mujeres salimos del ámbito privado y doméstico al ámbito público.
Y frente a la posibilidad de “perder” el poder también se realizan todo tipo de trapacerías como es la utilización de la cuota de género femenino en candidaturas con una mujer que lleva de suplente a un hombre, quien asume el cargo cuando la propietaria solicita licencia aduciendo cualquier causa.
No hay proceso preelectoral, local o federal, que no enfrente diversos obstáculos para darle vuelta a la paridad. Emblemática es la argumentación esgrimida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en la sentencia 12624 de noviembre 2011 que obligó a todos los partidos a garantizar la cuota 60/40 establecida en el Cofipe.
Lo es también el Juicio para la Protección de Derechos Político Electorales del Ciudadano (JDC) que recae hoy sobre la dirección nacional del PRD.
La dirección nacional del PRD está enfrentando un JDC promovido ante el TEPJF por la compañera Beatriz Cosío Nava por decisiones incorrectas en el cumplimiento de la paridad estatutaria.
El caso es que al renunciar compañeras integrantes del Secretariado Nacional para asumir diputaciones federales, las corrientes a las que corresponden esos espacios les sustituyeron con compañeros, por lo que se incumplió con el precepto estatutario.
Igualmente al decidirse en el Congreso Nacional el cambio estatutario para que también en la Comisión Política Nacional prevalezca la paridad no se recompuso su integración.
La situación además se complicó porque al retirarse compañeros para ocupar encargos de elección, fueron sustituidos por hombres. Cuando esto sucedió, insistimos en la sesión del Consejo Nacional, que aprobó las sustituciones donde se nombró a los compañeros en vez de las compañeras, a que se corrigiera la situación.
En ese entonces, el presidente nacional Jesús Zambrano se comprometió a que junto con las corrientes, se resolvería la falta estatutaria, cuestión que no se cumplió.
Esta grave situación motivó la promoción del mencionado JDC ante el TEPJF por nuestra compañera de partido que no ha sido cumplido ni en tiempo ni en forma.
No se convocó al Consejo Nacional en la fecha que mandató el TEPJF para acatar la ejecución de sentencia electoral que resuelve que el presidente nacional, el Consejo Nacional y su mesa directiva y la Comisión Política Nacional deben recomponer la integración del Secretariado Nacional y de la Comisión Política Nacional, para garantizar la paridad de mujeres y hombres como lo establece el estatuto del PRD.
No hay manera de incumplir con esta resolución jurisdiccional. Jesús Zambrano tiene una responsabilidad ineludible para conducir a buen puerto este JDC y las corrientes deben sustituir a los hombres de sus corrientes para incorporar mujeres en estos espacios en estricto reconocimiento de nuestros derechos políticos.
Si no lo hacen, el Consejo Nacional debe proceder a hacer los cambios como lo mandata el TEPJF. Por mientras, el escándalo muestra que del dicho al hecho hay mucho trecho.
Si pugnamos por una mejor democracia para México, si abogamos por una reforma política estructural democrática, es mejor incidir en las negociaciones con otros interlocutores con autoridad ética y política como partido.
Después de 24 años de haberse fundado el PRD y habiendo pregonado ser el primero en instaurar las cuotas de género, es penoso que hoy ni la Comisión Nacional de Garantías, encargada de proteger nuestros derechos partidarios, ni la dirección nacional estén a la altura política en la observancia de la igualdad sustantiva, principio programático de nuestro partido.
Sirvan estas letras para reconocer la pertinencia de la inconformidad promovida por Bety Cosío, que sigue los cauces legales para que el PRD vuelva a la legalidad y se restituyan los derechos violentados de todas.
A mí, en lo personal, no me importa quiénes estén, sino que estén. Porque ciudadanas somos y en el camino andamos.
*Feminista senadora por el Partido de la Revolución Democrática e integrante de la Red Nacional de Investigadoras por la Vida y la Libertad de las Mujeres.