Por Irmalicia Velásquez Nimatuj**
Por mantener una infraestructura del poder en Guatemala, que sigue respondiendo en gran medida al Estado cafetalero de fines del siglo XIX, es difícil encontrar un informe que señale que la situación de vida de la mayoría de mujeres indígenas, población clave del país, ha mejorado colectivamente aunque sea de manera lenta en las últimas décadas.
En la realidad cotidiana ellas siguen siendo masas de trabajadoras con bajos niveles educativos, mínima formación, con desconocimiento de sus derechos y sin acceso a las garantías básicas, y terminan a expensas de lo que el sistema requiere porque sólo poseen sus brazos para laborar en fincas, maquilas o en casas particulares como servicio doméstico.
Los casos esporádicos de mujeres indígenas que han logrado romper los círculos de explotación –provenientes en su mayoría de áreas urbanas– son pocos y responden principalmente a proyectos personales y familiares de largo plazo, y además son excepciones por lo que, aunque trascendentes, no son la regla.
A lo anterior hay que agregar dos elementos para tener un retrato complejo de las exclusiones que han enfrentado las mujeres indígenas: la violencia sexual y doméstica que vivieron colectivos femeninos durante el conflicto armado interno.
Dos ejemplos son testimonio. El primero corresponde a las mujeres de Sepur Zarco, departamento de Izabal, que en septiembre de 2012 denunciaron que durante seis años vivieron esclavitud sexual y doméstica en los destacamentos militares en esa región.
El segundo se refiere al colectivo de mujeres ixil que declaró este año como parte del proceso contra los generales Efraín Ríos Montt y Mauricio Sánchez, sobre las atrocidades sexuales a las que fueron sometidas por miembros del Ejército durante los ataques y destrucción a sus comunidades.
Fuera de estos dos hechos históricos, la situación de exclusión de las mujeres indígenas rurales pobres que han tenido poco o nulo acceso a la educación formal es dramática.
Ellas no han sido atendidas por la institucionalidad –la Defensoría de la Mujer Indígena (Demi) y la Comisión contra la Discriminación y el Racismo (Codisra)– creada para atender las brechas de injusticia que las separa del resto de las mujeres del país.
Tales entidades no tienen el impacto esperado precisamente porque carecen de autonomía al quedar ligadas a la Presidencia, la cual decide la agenda que deben priorizar con un presupuesto que cada vez es más raquítico y que depende casi en su totalidad de la cooperación internacional.
En momentos en los que tenemos acceso a suficiente información sobre la realidad de las mujeres rurales, es claro que dos puntos son importantes para cambiar el estado de situación.
El primero: la transformación estructural del Estado, porque no se puede seguir pensando que pequeños cambios cosméticos o folclóricos serán la solución; eso sólo ha mantenido en la línea de la agonía a cada vez más mujeres indígenas de diferentes edades.
El segundo: la resistencia que ellas deben seguir demandando, cultivando y fortaleciendo, que nace del uso y el manejo del conocimiento crítico que se les ha negado, pero que es necesario retomar; aquí se trata de usar las mismas reglas que han servido para oprimirlas para que usadas por ellas mismas puedan servirles para preparar defensas de vida dignas, justas y humanas para ellas y sus descendientes.