Un eufórico “¡Hasta nunca!” fue la expresión de despedida de un sonriente niño que salía con su hermanito y hermanita de la casa hogar Unacari ubicada en Hermosillo, Sonora.
El niño de 6 años, peinado igual que su hermanito con un fleco hacia arriba, detenido con gel, abandonaba el albergue para niñas y niños maltratados o que por alguna razón han sido retirados de sus padres, para estar bajo el resguardo del gobierno del Estado.
Era el día más feliz de su existencia a juzgar por su amplia sonrisa y la euforia que tenían sus palabras cuando levantó su manita y saludó al personal mientras cruzaba la puerta hacia la salida que también significaba la salida a su libertad.
Y es que las y los niños que radican en Unacari viven ahí, no porque lo hayan escogido, sino como consecuencia del estilo de vida de sus padres, más no fueron consultados para esa decisión.
Son más de cien, entre niñas, niños y adolescentes. A partir de la publicación de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sonora, en 17 de diciembre de 2015, hubo cambios nominativos, de facultades y obligaciones.
La antes Procuraduría de Defensa del Menor y la Familia hoy se llama Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes, pero fuera del edificio, en letras grandes, después de un año, permanece el nombre anterior.
En teoría, cambia el enfoque para orientarlo hacia los estándares internacionales y armonizarlo a la Constitución mexicana.
Los cambios llevan a considerar a niñas, niños y adolescentes personas con derechos, con capacidad de ejercerlos y no como una extensión de sus padres, como si fueran pertenencias de éstos.
La institución, a la que todos los miércoles le llegan pizzas de la empresa Domino’s, llama “fuga” o “abandono” al acto en el cual las niñas o niños, solos o en grupo, salen de las instalaciones sin permiso o determinación de autoridades.
“Cada rato pasa”, fue una frase recurrente que durante la semana pasada escuchamos mientras dábamos seguimiento a la desaparición de dos niñas de 9 años, un niño de la misma edad, y una adolescente de 16 años.
Todos habían salido de las instalaciones de Unacari el domingo 12 de marzo sin que el personal se percatara de ello.
La familia no fue informada del incidente, sino dos días después. Fue la tía de una de las niñas, Isabel Hernández, quien a través de las redes sociales inició la denuncia, exigiendo ver a su sobrina.
Ante la falta de información y el haberse enterado un día después a través de un reportero que ya habían encontrado a las niñas y niño, la angustiada tía decidió solicitar que le entregaran en custodia a la niña y a dos hermanitos de ésta que también se encuentran en Unacari.
Pasó otro día más en el que nadie le daba explicaciones y su preocupación empezó a crecer pues temía que fuera falso que los niños habían aparecido.
Cuando al fin y tras muchas horas de espera le permitieron ver a su sobrina, el estado en que la encontró acrecentó su temor, pues la niña estaba sedada, junto con la otra niña y niño que habían estado fuera del albergue.
No pudo dialogar con ella, dadas las condiciones en que se encontraba. La vio adormilada, flácida y apenas balbuceaba lo que pretendía fueran palabras.
Hasta el momento, las condiciones de cómo salieron, o cómo se trasladaron hacia el punto en donde los encontraron, aún no son explicadas por las autoridades.
Isabel exigió le entregaran a los hijos de su hermana: sobrina y dos sobrinos. Primero le dijeron que tendrían que pasar por varios exámenes, desde toxicológicos hasta psicológicos, tanto ella como su esposo para poder considerarlo.
Sin embargo, ante las irregularidades del llamado “escape de los niños” por parte de Unacari, la tía acrecentó su exigencia pues la institución no garantizaba la integridad de sus familiares.
Fue así que los exámenes se hicieron en un solo día, pues había la promesa de entregar a los niños el viernes 17 de marzo.
Pero a las horas la decisión se contradijo, ya que por un “error de un empleado”, siempre no se los entregarían.
Volvieron a confirmarle que los niños se irían con Isabel, ante las denuncias públicas que hizo a través de las redes sociales. Los tres menores de edad fueron entregados a su tía el jueves 16 de marzo, justo en su cumpleaños.
Las irregularidades y la tardanza en salir a dar una explicación pública por parte del Procurador de protección de niñas, niños y adolescentes, de nuevo puso en la mira a la casa hogar Unacari.
Las historias van desde la supuesta frecuencia con que “se escapan” niñas y niños del recinto, hasta que todos tienen piojos, que los sedan para que estén tranquilos y otras.
Como medio, fuimos retiradas de la sala de espera de Unacari por una psicóloga, sin una argumentación suficiente pues solo esperábamos a Isabel Hernández, mientras permanecía dentro intentando que le permitieran llevarse a sus sobrinos.
Hermosillo no es cualquier ciudad. Su mala relación con el cuidado infantil la ha hecho ver como un punto en donde la infancia no vale mucho.
En esta ciudad han ocurrido hechos catastróficos que obligan a que las políticas públicas deban respetar impecablemente la legislación, y la rendición de cuentas sea cotidiana.
Por si fuera poco, las hijas y los hijos de la violencia están encerrados, tal vez revictimizados por las propias autoridades.
Si bien la Ley de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sonora, es parte de la armonización legislativa, lo cierto es que los ojos están puestos para constatar si es solo para cumplir, o en verdad respetarán sus derechos.
