En su visita a México, Michel Forst, relator especial de Naciones Unidas sobre la Situación de los Defensores de los Derechos Humanos, mostró su preocupación por la situación de personas defensoras en nuestro país.
En particular, hizo una distinción para Martha Solórzano, defensora de Derechos Humanos radicada en San Luis Río Colorado, Sonora.
Martha es una incansable piedra en el zapato de las corporaciones policiacas de ese municipio ubicado en el noroeste del país, limitando con Baja California y con Estados Unidos.
Con su lucha anticorrupción policiaca, ha visibilizado actos de abuso de los policías a través de los trienios y sexenios gubernamentales.
La gente que acude a ella para que le ayude en caso de abusos de la policía y violaciones a sus Derechos Humanos, le agradece que la policía le devuelva su carro que algún elemento en funciones le robó.
Agradecidas se encuentran madres de familia cuyos hijos han sido desaparecidos, o encarcelados injustamente, en actos de suprema prepotencia para lograr obtener algún beneficio económico o de otro tipo por parte de algunos policías municipales.
No pocas personas han podido acceder a la justicia por violaciones sexuales o tortura policiaca que han quedado al descubierto por la difusión y denuncias que Martha ha acompañado hasta lograr el castigo a los responsables.
Por eso a Martha Solórzano los policías le temen, pero también la agreden. Ejemplos hay varios, destacando el encarcelamiento de su hijo.
Éste fue liberado del encierro ilegal, gracias a una lucha sin tregua que dio la defensora, quien pudo demostrar ante un tribunal colegiado la ausencia de elementos para que su hijo estuviera preso.
Sufrió tortura, aislamiento y amenazas mientras estuvo preso, pero nunca perdió la esperanza de que su madre y otros familiares estaban de su lado para defenderlo.
Manifestaciones por fuera del penal, denuncia pública local y nacional, fueron algunas de las tácticas, que aunadas a la batalla legal, devolvieron la libertad al hijo de Martha.
Eso fue fundamental para que el Relator de la ONU considerara que el riesgo por el trabajo que desempeña la defensora de Derechos Humanos de San Luis Río Colorado sea de alto nivel.
El informe de forst
En su informe de 24 de enero de 2017, Michel Forst expresó que en muchos casos se criminaliza a las defensoras y los defensores por denunciar violaciones por parte de las autoridades públicas.
Enfrentan represalias indirectas a través de ataques o procesos penales dirigidos contra sus familias o personas cercanas a ellos, explica su informe.
“El caso de Martha Esthela Solórzano de San Luis Río Colorado, Sonora, es emblemático. Debido a sus repetidas denuncias en contra de la policía por abuso y de poder, corrupción y malos tratos enfrentó repetidas amenazas de la policía municipal”.
Y procede a narrar lo ocurrido: “En 2012 su hijo, Jorge Luis Zavala Solórzano, fue detenido y condenado por presuntamente haber cometido varios delitos graves. En 2015, después de varios años de sufrimiento, Jorge Luis fue liberado y absuelto por el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora”.
Según la apreciación del Relator, esto se debió a las claras contradicciones entre las acusaciones y los testimonios utilizados para sustentar la sentencia inicial.
En el documento, Forst hace además 17 recomendaciones al Gobierno de México relacionadas con la protección a personas defensoras de Derechos Humanos. Igualmente hace recomendaciones a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a las comisiones estatales de Derechos Humanos.
Los organismos y agencias de la ONU, las universidades, las empresas y otros actores no estatales, la comunidad internacional en México y la sociedad civil, son también objeto de recomendaciones en el informe derivado de su visita a México.
La seguridad de martha
El pasado 28 de marzo, Martha Solórzano, quien es beneficiaria del Mecanismo de Protección a Defensores y Periodistas de la Secretaría de Gobernación (Segob), sostuvo una mesa de trabajo en Hermosillo, Sonora, con instancias responsables de velar por su seguridad y la de todas las personas.
Con la presencia de servidores públicos de la Consejería Jurídica, del jurídico de la Secretaría de Gobierno, el abogado de víctimas, un visitador de la CEDH, un representante de la CNDH, un representante de Seguridad Pública del municipio de San Luis Río Colorado, el director jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública, y un representante del mecanismo de protección de la Segob, Martha pudo dar seguimiento a su petición de que regrese la medida de protección, sus escoltas.
Y es que en el sexenio de Guillermo Padrés, por decisión unilateral del Gobernador se retiraron los escoltas que, entre otras medidas, acompañaban a la defensora a realizar sus actividades.
A más de un año en que Martha planteó a la nueva administración su situación de riesgo, el Gobierno del estado no ha atendido aún la necesidad que ella considera urgente.
Más aún, el acuerdo de dar seguimiento a la reunión los días 27 y 28 de abril ha sido incumplido, ya que el encuentro se ha pospuesto sin fecha definida. Un año de agresiones en su vivienda, amenazas y otras violaciones a sus derechos, no son suficientes.
Asegurar condiciones para que las y los defensores realicen su labor es una de las principales responsabilidades del Estado. Políticas y mecanismos de protección efectivos, aplicando un enfoque sensible al género, son recomendaciones del Relator Especial.
En México el Relator de la ONU se reunió con más de 800 defensores, provenientes de 24 estados, de los que aproximadamente 60 por ciento son mujeres. Martha Solórzano sigue defendiendo los Derechos Humanos, pero sus escoltas no regresan.
