Nos alcanzó una realidad muy cruda al inicio de 2017.En primer lugar se siguen incrementando los casos de feminicidio en todo el país, y es inexplicable como siguen sucediendo aún en los municipios donde se ha declarado la Alerta de Género.
Qué pasa, qué están haciendo los gobiernos estatales y municipales para aplicar las recomendaciones que los comités de expertas han hecho para cada estado. Yo me pregunto, hay presupuestos o se siguen dando presupuestos raquíticos y cursitos que no representan respuestas reales que permitan incidir en la reducción de la violencia feminicida.
Por otro lado, se han abierto y están funcionando 30 Centros de Justicia para las Mujeres, y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), los califica como: “Una de las políticas públicas más exitosas que ha puesto en marcha la Conavim desde el 2010 … la creación y fortalecimiento de los Centros de Justicia para las Mujeres, y yo me pregunto el éxito cómo lo miden, si hay indicadores cuantitativos y también cualitativos para medirlo o simplemente por el número de atenciones que brindan, sin importar el resultado que se logre.
Y me pregunto lo anterior porque en la página web de la Conavim no se menciona nada relacionado con la evaluación cuantitativa y cualitativa de los resultados de los Centros de Justicia para las Mujeres, lo único que dice es:
“La Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), trabaja en el diseño de programas y políticas públicas de carácter integral que tienen como fin último garantizar y proteger los Derechos Humanos de las mujeres.
Una de las políticas públicas más exitosas que ha puesto en marcha la Conavim desde 2010, ha sido la creación y fortalecimiento de los Centros de Justicia para las Mujeres (CJM), los cuales buscan dar respuesta a las obligaciones en materia de atención y prevención de violencia contra las mujeres, así como atender diversas recomendaciones internacionales formuladas al Estado mexicano en la materia.
En estos Centros se busca fortalecer el acceso a la justicia por medio de un proceso de autovaloración para detener la violencia, así como proporcionar herramientas que propicien la toma de decisiones informada y encaminada a construir un proyecto de vida en entornos libres de violencia. Pero por los resultados que vemos todos los días, el número de casos de feminicidio, el número de mujeres y niñas desaparecidas parece que es una política pública que no está dando resultados.
Otro gran problema que tenemos que enfrentar las mujeres es el gasolinazo, que ha traído aumentos en la canasta básica, incluso hasta 15.00 pesos el kilo de tortillas, el aumento del gas, y nos espera el de la electricidad, el aumento al transporte; lo que coloca a las mujeres en mayores condiciones de vulnerabilidad y pobreza, porque las alzas perjudican a toda la población, pero sobre todo a las mujeres.
A todo lo anterior debemos agregar los saqueos organizados que ha provocado que la delincuencia se desate y actúe por todas las ciudades impunemente, robando, asaltando en motocicletas y con pistolas como nos pasó el jueves pasado en la puerta de nuestra oficina. Son grupos organizados y pagados para justificar la represión a las legítimas protestas pacíficas que se vienen dando en 25 entidades del país.
Y, finalmente, no podemos dejar de comentar lo que está sucediendo en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, donde a pesar de que se hicieron y votaron dictámenes por Comisión, por cada capítulo de la Constitución, desde el 3 de enero de 2017, se han empezado a discutir esos dictámenes, artículo por artículo, y por cada artículo, inciso, o fracción, se presentan hasta 30 reservas, como si no se hubieran votado previamente en las comisiones, es más, en muchos casos se aprueban en lo general, pero se reservan infinidad de las disposiciones incluidas, tanto así que se han regresado a Comisiones varias fracciones de artículos e incisos, que tendrán que volver a consensar.
El lunes 9 de enero, el Pleno de la Asamblea inició la discusión del Artículo 15 del Dictamen de la Comisión Carta de Derechos, que es justamente el artículo donde el proyecto inicial incluía el derecho al “trabajo sexual”, para el Jefe de Gobierno y su Comisión Redactora, y que en el dictamen quedó superado y ya no aparece, sin embargo, no nos extrañaría que se presenten varias reservas con el propósito de regresar al texto la prostitución disque voluntaria y autónoma, por eso debemos estar pendientes de qué diputadas o diputados presentan reservas en este artículo y quiénes y cómo votan.
En lo personal el proyecto original no me convencía en nada, ya que realmente impulsaba la precarización del trabajo, reconociendo tanto el ambulantaje, los trabajadores de la cultura, el arte o deporte, las mujeres en condición de explotación sexual como trabajo no asalariado, en una suerte de renunciar a luchar por trabajos dignos, que ofrezcan prestaciones, permanencia de posibilidades de ascenso, un ingreso suficiente, lo que resultaría nocivo para muchos negocios establecidos, creo que en el fondo lo que buscan es censarlos para cobrarles impuesto.
Por lo menos se despejará esta incógnita, y nos daremos cuenta que diputadas y diputados tienen o una falsa interpretación de las mujeres en explotación sexual, sus causas y consecuencias o bien que existen intereses en el negocio para explotar a mujeres y niñas.Debemos estar pendientes.
Ante este panorama, estoy convencida que sólo nos queda un camino, la organización y la lucha constante.No nos debemos de cansar, ni dar por vencidas, exigir rendición de cuentas y recuperar los espacios públicos para poder caminar seguras, y también estar seguras en nuestros hogares.El futuro debe ser nuestro.
