El asesinato de una mujer, sobre todo si es de una que está en situación de prostitución, no es nada nuevo en una sociedad como la occidental, donde los cuerpos de las mujeres se siguen viendo como mercancías que pueden usarse, comprarse, venderse o desecharse sin mayor problema, y con la permisiva inacción de las autoridades.
Este fue el caso de una joven de 21 años que fue brutalmente asesinada en la primera zona controlada (o lo que conocemos como “zona de tolerancia” o “zona roja”) en Gran Bretaña (GB), particularmente en el ayuntamiento de Leeds –por cierto, un distrito pobre–, como parte de un programa piloto de 12 meses.
El objetivo, a decir de Marcos Dobson, miembro ejecutivo del Consejo de la Ciudad, era proteger a quienes ofrecen “servicios sexuales” y “aumentar la seguridad” en la demarcación, ya que la prostitución –o el “trabajo sexual”, como él lo llama–, sigue siendo una “ocupación extremadamente peligrosa”.
Este lunes 8 de febrero, Taina Bien-Aimé, directora ejecutiva de Coalition Against Trafficking in Women (CATW) con sede en Nueva York, hizo en The Huffington Post un recuento pertinente de los efectos que ha tenido esta decisión, y detalla con argumentos el por qué no sólo este tipo de medidas no resuelve lo que se percibe como una situación “peligrosa para la sociedad”, sino que dispara riesgos y problemas en todos los ámbitos.
Justamente porque GB es un país con niveles mucho más altos de desarrollo que México, vale la pena conocer las repercusiones.
En primer término, “legalizar” el comercio sexual al interior de una zona controlada equivale a avalar el trabajo de proxenetas y dueños de burdeles dedicados a la explotación sexual, cuyas víctimas son generalmente mujeres y niñas víctimas de trata.
Esta es la razón principal que a lo largo del orbe se le expuso a Amnistía Internacional (AI) para instarla a no aprobar su política de despenalización, para todas las personas involucradas en la industria del sexo. AI no quiso escuchar.
La zona controlada de Leeds siguió reportando violaciones y asaltos, pero también la prensa registró una notable ausencia de la policía por varias horas y al menos durante dos noches consecutivas del mes pasado, con lo cual se otorgó un permiso implícito para ejercer la violencia.
“Lo que el ayuntamiento de Leeds debe saber es que el comercio sexual fue diseñado intencionalmente para comercializar la violencia sexual y legitimar el control sobre los seres humanos vulnerables con fines de lucro. Incluso si la prostitución fuera tan antigua como los tiempos inmemoriales –como nuestra cultura occidental cree–, también lo son el asesinato, la violación y la violencia doméstica…”, afirma Taina en su artículo.
Como sabemos, las cifras indican que una vez legalizado el comercio sexual en Alemania, se registró un aumento considerable en el número de casos de feminicidio y violencia contra las mujeres prostituidas, y los responsables han sido ni más ni menos que los propios compradores de “servicios sexuales”.
Y no sólo eso, sino que además se ha registrado un aumento exponencial de la trata de personas con fines de explotación sexual, y el nacimiento de cadenas de burdeles en todo el país. Países Bajos o Nueva Zelanda ahora deben afrontar efectos similares.
No pasamos por alto las voces de quienes afirman que la prostitución bien puede tratarse de un acto voluntario. ¿Quién de niña aspira a prostituirse?
Está comprobado, como afirma Taina, que la gran mayoría de las mujeres y personas transexuales son compradas y vendidas en el comercio sexual porque no tienen elección. Tienen hijos que alimentar, necesitan vivienda, o padecen trastornos propios de su experiencia de trata que les hace imposible escapar.
Los nuevos tiempos exigen medidas estructurales urgentes. No se trata solamente del caso de Leeds porque, como podemos adivinar, en México y América Latina el panorama es peor, principalmente por los altos niveles de impunidad, corrupción y machismo que parecen no tener fin, visto desde el creciente número de niñas, niños y mujeres desaparecidas que son “carne nueva” para los tratantes y compradores de sexo.
Como se ha propuesto desde CATW, CATWLAC y diversas tribunas feministas a favor de la abolición de la prostitución, y de acuerdo con lo que señalan diversos tratados internacionales en materia de Derechos Humanos y protección de los derechos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes, resulta imperante que en vez de promover medidas inútiles y por demás riesgosas, se invierta en oportunidades educativas y económicas, brindando capacitación para el trabajo y financiamiento suficiente y real (no sólo el que estipula la ley, pero que no existe en concreto), para ofrecer servicios de primera línea que se traduzcan en verdaderas salidas para las personas prostituidas, independientemente de su condición migratoria.
No olvidemos, como dice Taina, que en los 16 años que tiene implementado el Modelo Nórdico –que penaliza a los compradores–, el gobierno sueco ha logrado que ninguna mujer prostituida haya sido asesinada por un “cliente”, entre muchos otros cambios positivos.
Mientras esto no ocurra, los gobiernos seguirán llenándose la boca de anuncios oficiales y cifras alegres, pero en la realidad seguirán aumentando las desapariciones, los casos de feminicidio y la violencia.
Por más que intenten proteger a las víctimas, estas medidas no hacen otra cosa que contravenir el Protocolo de Palermo y la CEDAW, que estipulan claramente la prohibición de todas las formas de trata y prostitución.
