Hermosillo, Son.- 03 enero 2017.- (Cimacnoticias) El 2016 fue un año estándar en la incidencia de feminicidio en Sonora. En el estado el promedio anual de asesinatos de mujeres fluctúa entre 45 y 55 casos.
Sólo en los años electorales se supera la cifra. Este año fue igual de feminicida que los demás, con 46 casos documentados por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio en el estado (OCNF-Sonora).
Siempre decimos que el número no importa pues con una mujer que pierda la vida, castigada por ser mujer, es suficiente para protestar, para manifestar nuestra indignación, para exigir un alto al feminicidio. Nadie debería ser víctima de una muerte violenta y mucho menos debería dejar de existir por el hecho de ser mujer u hombre.
Pero no todas las áreas fueron lamentables para las mujeres en 2016. Sin duda el paso grande que se dio fue formalizar la paridad (igualdad) en candidaturas y con ella finalmente permitir a las mujeres la participación política en total equidad e igualdad con los hombres.
Con algunos varones militantes de partidos políticos como principales detractores, las mujeres podrán ir como candidatas al tener como universo, ya no lo que decidan internamente los partidos, sino exactamente la mitad de todos los puestos de elección en juego.
Fue la propia gobernadora, Claudia Pavlovich, quien cumplió una petición de las mujeres políticas, presentó la iniciativa para que legisladoras y legisladores demostraran que sus partidos están unánimemente de acuerdo en que el 50-50 se haga realidad. Todos votaron a favor.
Aunque los municipios no se opusieron, tardaron mucho en dar a conocer la votación del cabildo, refrendaron la reforma constitucional, la cual se promulgó con la mayoría de los municipios, más no con la totalidad.
El 2016 reveló las deficiencias en el sistema de justicia, pues las reglamentaciones complementarias a las leyes, no se conocen, mucho menos se dominan. Caso vergonzoso fue la no aplicación de la Norma Oficial Mexicana 046 en julio pasado cuando la niña Citlali de 13 años presentó un embarazo resultado de una violación sexual.
Nadie le informó que podía evitar el embarazo, a pesar de que denunció de inmediato el delito. Tampoco le dieron a conocer su derecho a interrumpir el embarazo cuando éste se dio como producto de la agresión sexual y de la negligencia de las autoridades omisas a su obligación de dar a conocer sus derechos a la víctima.
Este caso puso a Sonora en el ojo nacional e internacional como una de las injusticias mayúsculas contra la niñez, pues la triple victimización fue perpetrada por el delincuente, por operadores de justicia y por trabajadores de salud.
La nueva administración priista enfrentó en 2016 el cumplimiento de las doce recomendaciones de la Alerta de Violencia de Género (AVG) derivadas de la solicitud que hizo la Red feminista sonorense a través de las organizaciones Alternativa Cultural A.C. y Manitas por la equidad A.C.
Tal como ha sucedido en otros estados de la República, las recomendaciones van encaminadas sólo a actualizar las omisiones y deficiencias que presentaron las anteriores administraciones, mismas que acusaban incumplimiento extremo a los mandatos de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) y otras.
A pesar de que se hicieron esfuerzos para que el Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres funcionara de manera colegiada, esto sucedió sólo durante el periodo de intento de cumplimiento.
Finalmente las acciones no fueron suficientes ni para cumplir las doce recomendaciones, ni para cesar la violencia contra las mujeres, ni parar el feminicidio. Tanto se evidenció que el feminicidio se presentó cada vez con más crueldad y cinismo y las personas feminicida son cada vez más proclives a asesinar en público, no tiene piedad por sus víctimas ni por quienes las ayuden.
Sonora sigue ocupando el primer lugar en tasa de mortalidad por cáncer de mama, son las mujeres quienes constituyen el 97 por ciento.
Este año tuvo algo especial, pues la condena popular estuvo a la orden del día hacia las y los funcionarios que tomaron a la ligera su responsabilidad o que no supieron estar a la altura de las circunstancias, fueron exhibidos públicamente exigiendo su rectificación.
Fue el caso del procurador, Rodolfo Montes de Oca cuando en una entrevista radiofónica expresó que Citlali, no era una niña indígena sino una “mujercita” que nació en Sonora. Después, en otra entrevista, sonrió ante una pregunta. La razón para sonreír era que no estaba en su oficina y no tenía los datos que le solicitaban sobre un tema tan delicado como el feminicidio. También tuvo críticas.
También fue exhibido el secretario de Salud, Gilberto Ungson Beltrán, pues entre más explicaciones daba sobre el caso Citlali y la ineficiencia de la institución a su cargo para proporcionar los servicios a los que tenía derecho la niña como víctima de violación, cada vez se hundía más con sus declaraciones que exhibían desconocimiento de la NOM 046 y de otras normativas.
Más adelante, se presentó un caso tan dramático como todos, tan doloroso para sus familiares como los anteriores, pero por alguna razón fue más conocido y muy sentido por los diversos contextos en los que se desenvolvía la víctima de feminicidio, la maestra de danza folclórica, Aracely Fuentes.
Sin duda esa fue la agresión que las mujeres de Sonora sintieron como si fueran ellas mismas. El enojo por la pérdida de una vida, de una persona joven, productiva, de igual valor que todas. Este caso generó movilización ciudadana que no había logrado otros.
Fue “Shely”, como se le conoció a Aracely, la que provocó una declaración de cero tolerancia hacia la violencia contra las mujeres, el llamado a la denuncia y una serie de acciones de emergencia por parte de la gobernadora.
Por extraño que parezca, fue este caso el que tuvo como consecuencia que a una mujer se le juzgara con perspectiva de género por que mató a su esposo en defensa propia: Daniela evitó que éste la asesinara primero.
La Procuraduría acreditó la legítima defensa, con el lente de la perspectiva de género, pues una de las motivaciones es tomar en cuenta el contexto, siempre se relacionó el caso con la violencia que recibió por parte de él, más en esta ocasión se defendió, con ese desenlace. Ella evitó que la asesinaran, pero la Procuraduría evitó que castigaran a una víctima.
