La lucha por los derechos de las mujeres nunca ha sido lineal, en ella se entretejen retrocesos y avances. Mientras que, como saben las feministas, los derechos ganados pueden perderse ante un impulso conservador o una crisis económica o social, los logros sólo se consolidan con empeño constante, desde la resistencia ante y contra el orden patriarcal.
La actuación de la Suprema Corte de Estados Unidos ante la oleada antiderechos en los estados en estas semanas es ejemplo de la fragilidad de lo ganado en medio siglo. En contraste, en México, el camino hacia la despenalización del aborto hasta las 12 semanas en los estados demuestra tanto el valor del trabajo feminista en lo local, como la importancia de no dar por ganados (ni perdidos por siempre) derechos básicos.
En el caso de México en efecto, la lucha por la maternidad libremente elegida, por la justicia reproductiva, enfrentó una andanada conservadora a partir de 2008 tras la sentencia de la SCJN que reconoció la validez de las reformas del 2007 en la Ciudad de México.
El camino hasta la despenalización en Oaxaca en 2019 fue largo y pedregoso, sólo despejado por el trabajo de activistas y legisladoras comprometidas. En este 2021, cuatro estados más han reconocido el derecho a decidir: Hidalgo y Veracruz antes del nuevo fallo de la SCJN contra la penalización total o desproporcionada del aborto, Baja California y Colima después.
Esta determinación de la SCJN, que por fin rebasó en su discusión el formalismo jurídico, sin duda dio un impulso al movimiento hacia la equiparación de derechos para todas las mexicanas. Al mismo tiempo, es fundamental reconocer el trabajo de quienes en sus estados se opusieron a la manipulación confesional de la “defensa de la vida” y la persistencia de quienes siguen defendiendo la causa de las mujeres ante congresos reacios al cambio, como el de Quintana Roo.
La combinación de una Corte dispuesta a reconocer el derecho de las mujeres a decidir, y de grupos activistas capaces de impulsar reformas favorables a éstas ha sido crucial en los últimos meses para romper con la inercia conservadora, por lo menos en la ley.
Habrá desde luego que dar seguimiento a la instrumentación del derecho a la ILE en cada entidad para asegurarse que no quede en letra muerta ni la frenen prejuicios, estigmatizaciones o abusos de la “objeción” de conciencia por parte del personal médico.
En contraste con estos avances, limitados pero significativos, en Estados Unidos la combinación de una Corte conservadora con gobiernos estatales antiderechos amenaza con menoscabar la autonomía reproductiva de las mujeres, sintetizada en el histórico caso Roe vs. Wade que garantiza el derecho al aborto hasta antes de la viabilidad del producto de la gestación.
Pese a los daños que ya ha causado entre las mujeres de Texas la norma SB8 que prohíbe el aborto después de la sexta semana, la Suprema Corte de EU se negó a bloquearla (como pedía el ministerio de Justicia) y dejó apenas una estrecha vía para cuestionarla ante tribunales locales.
Según juristas y activistas progresistas esta decisión no sólo permite que se sigan conculcando los derechos reproductivos de las texanas, implica también aceptar una trampa legal mediante la cual el Estado de Texas elude su responsabilidad (e impide cuestionamientos legales contra sus agentes) al delegarle la “administración” de la ley a “la ciudadanía” (encargada de demandar a quienes infrinjan la prohibición), una especie de “outsourcing” legal, podría decirse.
Este precedente resulta tanto más preocupante cuanto que está pendiente la decisión de la Corte acerca del caso Dobbs vs. Jackson Women’s Health Organization, con que el estado de Mississippi busca revertir limitar la ILE hasta la semana 15, lo que implicaría revertir Roe vs Wade, y en tanto otros estados podrían elaborar, o ya tienen listas, iniciativas semejantes.
El 1 de diciembre, cuando la Corte escuchó argumentos acerca del caso de Mississipi, numerosas activistas se manifestaron ante la Corte en DC y en otros estados para recordar que Roe sacó el aborto de la clandestinidad, en favor de la salud de las mujeres, y que sin esa protección federal, las mujeres volverían a poner en riesgo su vida porque las prohibiciones no borran el aborto.
Subrayaron por ello que la “justicia reproductiva” (“abortion justice”) es fundamental para la igualdad de las mujeres.
Los ataques contra los derechos de las mujeres en efecto minan la democracia. La trampa que representa la ley de Texas, que otros estados parecen dispuestos a imitar, minaría también la legalidad tal como está establecida en el sistema de EU.
Consolidar y ampliar lo que ya se ha ganado es una tarea ineludible en ambos países. En EU las mujeres organizadas están luchando por no perder lo que ganaron a nivel federal hace 50 años. En México estamos apenas ampliando los derechos desde lo local, con la expectativa de lograr la eliminación del aborto como delito del Código Penal Federal. Lo más importante ahora es asegurar que la ILE sea una realidad ahí donde ya se ha legalizado.