La ausencia de una política pública adecuada para mujeres, niñas y niños es cada día más evidente. A las fallas ya existentes desde hace años, se han sumado en unos meses, la eliminación de los subsidios a las estancias infantiles y la posposición (o cese) de los recursos destinados a refugios para mujeres maltratadas, esenciales para prevenir el feminicidio.
La descalificación de la recomendación de la CNDH acerca de las estancias, y del organismo mismo, por parte del presidente de la república es, en este contexto, una señal ominosa más.
La mala administración de la justicia y las deficiencias en la atención a mujeres que sufren y denuncian violencia de pareja son problemas recurrentes que se hacen visibles cuando se dan casos sonados de feminicidio o robo de niñas y niños.
Tienden a olvidarse, a menos que las familias insistan en sacarlos a la luz y le recuerden a la opinión pública y a las autoridades que está pendiente justicia. Si con cada caso, el de Lesvy o el de Aidée, o los de las niñas y mujeres asesinadas en tantas ciudades, se buscara evitar la repetición de agravios y omisiones del propio sistema penal, quizá podría empezarse a corregir el rumbo. Por desgracia, las omisiones y las manipulaciones de la ley, agravados por la misoginia social, siguen causando graves daños.
El reciente feminicidio de Nancy G. Morales Hidalgo, asesinada en Tequisquiapan a la puerta de la escuela de su hija, es responsabilidad desde luego de su exmarido, presunto autor intelectual y material, pero también de autoridades omisas que, como suele suceder, restaron importancia a una denuncia previa que, de haberse investigado a fondo, tal vez habría impedido este crimen.
Cabe preguntarse en efecto ¿por qué la fiscal que tomó la declaración en que Nancy denunciaba la incursión violenta en su casa de hombres armados, que entraron sin forzar la puerta, mataron a sus mascotas, y no robaron nada, sólo consignó “robo en casa habitación” y no escribió que la denunciante sospechaba de su ex marido? Aunque fuera un supuesto, ¿no debería haberse considerado un posible indicio de riesgo de feminicidio?
Ante esa omisión, Nancy dirigió una carta al gobernador de Querétaro en que narra estos hechos y afirma “¡No quiero morir!”.
Aun así y pese a contar con medidas de restricción, fue asesinada a tiros unas semanas después. Las autoridades hablaron primero de “crimen pasional” pero pronto tuvieron que investigar esta muerte como feminicidio y detuvieron al ex marido, debido a la presión en medios y quizá a esta carta. Habrá que exigir que se haga justicia y se protejan los derechos de la hija de Nancy, sobreviviente de una tragedia que no debería haber sucedido.
Otro ejemplo, menos brutal pero también doloroso y dañino, es la sustracción del hijo de la cantante Leticia Servín, por parte de su ex pareja. El robo de menores de edad por el progenitor es un delito que algunos justifican por amor al niño o niña secuestrado pero que, de hecho, causa graves trastornos psicológicos.
En el caso de Servín, indignan los argumentos de su ex pareja en el sentido de que, por ser música y viajar, ella “no tiene domicilio para el normal desarrollo emocional del menor” y lo “descuida”, o la mentira de que ella nunca vivió con su hijo. Indigna más aún que un juez (en Cd. Guzmán) haya aceptado alegatos discriminatorios y falsos, cuando, además, la Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes especifica que ni la falta de recursos ni la necesidad de viajar por trabajo pueden considerarse “abandono”.
Peor todavía que, sin darle audiencia a Leticia, le haya otorgado guardia y custodia provisional a un padre que distorsiona el pasado de su hijo y lo manipula para que declare a su favor. ¿Por qué se impone a un niño la tortura de declarar contra su madre? ¿Es esto proteger el “bien superior de la infancia”?
Distintos pero ambos derivados de la misoginia social y estatal, estos casos iluminan sólo algunas facetas de lo que implica vivir en un país donde el sistema de justicia ni siquiera se apega a la letra de la ley. (Lucía Melgar)
