El caso de Wendy, de 19 años de edad, dibuja el ineficiente sistema de procuración de justicia en Chiapas.
El 15 de mayo de 2012fue detenido Jimmy Virgilio Villatoro Argüello, quien confesó haber asesinado el 28 de abril de 2012 a Wendy Lizzet con quien había sostenido una relación sentimental que terminó en junio de 2011. El feminicida mutiló el cuerpo de la joven y arrojó partes de él en diferentes partes de la ciudad y relató haber cometido canibalismo con el corazón.
Wendy había interpuesto una denuncia en contra Jimmy por violencia física e intento de asesinato ante la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Mujer. Ante las autoridades, la joven narró que su ex pareja la roció con gasolina y amenazó con prenderle fuego. Nada hicieron las autoridades en ese momento. Ni siquiera lo citaron a declarar.
Cuatro meses antes de ser detenido por feminicidio, Jimmy Villatoro fue arrestado y puesto en libertad por haber golpeado a otra mujer, quien supuestamente era su pareja sentimental. Policías municipales de Tuxtla Gutiérrez lo aprehendieron cuando golpeaba a la joven e intentaba arrebatarle a su hijo. Ese mismo día lo liberaron.
La justicia en Chiapas no solo le falló a Wendy, sino a todas las mujeres del estado al dejar libre a otro feminicida. Este tipo de acciones les da más poder a los hombres violentos, quienes saben que la impunidad y la corrupción juega a su favor. Las mujeres temen denunciar porque no hay garantías para su seguridad.
En los últimos meses en Chiapas se ha conocido de la liberación de tres feminicidas: Fernando Rosales Toledano, Mariano SánchezPérez y Jimmy Villatoro. En el caso de los dos primeros fueron liberados por la misma jueza, Isabel Álvarez Ramos.
Algunos de los argumentos que se dan para la liberación son que hay fallas en la integración del expediente y que las declaraciones en que los feminicidas reconocen su culpabilidad se da en un proceso viciado. Con esto, se pensaría que el problema está en la integración de los expedientes por parte de los ministerios públicos que dependen de la Fiscalía General del Estado y que la responsabilidad es sólo de ellos; pero lo que sucede en Chiapas con estos casos es más de fondo.
Es cierto que hay fallas en las integraciones de los expedientes, que los ministerios públicos no están capacitados ni sensibilizados en el tema; pero pasa lo mismo con las y los jueces del Poder Judicial. De ambas instancias no se hace una para que haya una justicia real y efectiva a favor de las víctimas.
La mayoría de sentencias que ha dado el Poder Judicial del Estado para feminicidas no son la pena máxima de 60 años, sino por el contrario el común denominador es que son sentencias menores, y también se ha dado liberaciones por parte de jueces del estado.
El feminicidio de Wendy Ochoa y la liberación de Jimmy Villatoro dibujan cómo los diferentes poderes y niveles de gobierno son omisos cuando se trata de violencia en contra de las mujeres: Wendy denunció ante una Fiscalía que jamás la escuchó; policías municipales de Tuxtla Gutiérrez liberaron a Jimmy cuando golpeaba a una mujer; un juez federal ordenó la liberación del feminicida y un juez del estado acató el resolutivo; y hasta ahora, el Poder Judicial del Estado no es capaz siquiera de emitir una postura sobre el tema.
En el 2012 en tres meses en Chiapas se tenía el registro de cuatro casos de feminicidio. Hoy, 13 de febrero de 2019, un día después de que fue liberado otro feminicida, el número de casos de feminicidio en mes y medio es de 18, de acuerdo con datos del Observatorio de Violencia contra las Mujeres en Chiapas.
Mientras los diferentes poderes y niveles de gobierno no sean capaces de garantizar el acceso a la justicia a las mujeres, lamentablemente, vamos a seguir contando casos de feminicidio. ¡Ni una más! (Sandra de los Santos)