La recomendación 29/2019: derechos vs. arbitrariedad

CNDH
Como “señal de desaliento” y “signo de alarma” calificó el presidente de la CNDH el rechazo de la recomendación 29/2019 acerca del Programa de Estancias Infantiles (PEI).

Como “señal de desaliento” y “signo de alarma” calificó el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) el rechazo de la recomendación 29/2019 acerca del Programa de Estancias Infantiles (PEI) por parte de cuatro instancias gubernamentales y del propio presidente de la república.

Resulta en efecto preocupante que se descalifique con declaraciones altisonantes y falsedades al máximo organismo defensor de los Derechos Humanos en México.

Dar a entender que éste pretende que se violen derechos que él mismo defiende es, además, un despropósito.

¿Qué se busca con esto? ¿Debilitar al ombudsman nacional o a la institución? ¿Defender a toda costa las decisiones del Ejecutivo, aunque violen el principio de progresividad de los Derechos Humanos?

La recomendación 29/2019 refiere con detalle cómo el recorte presupuestal al PEI y su posterior sustitución por el Programa de Apoyo al Bienestar (PAB), violan los Derechos Humanos de niñas, niños, madres trabajadoras, padres solos y personas trabajadoras de estancias.

El punto principal, en términos jurídicos y conceptuales, es que estos cambios se contraponen al principio de progresividad de los Derechos Humanos, que pueden ampliarse y consolidarse, no disminuirse ni restringirse.

Un segundo principio básico es el del interés superior de la infancia, que debe tomarse en cuenta en cualquier política pública.

También son fundamentales en este caso, el derecho a una vida digna, a la supervivencia y el desarrollo, que debe garantizarse para toda la infancia, así como el derecho de las mujeres a la igualdad y la no discriminación y el derecho al trabajo.

Las estancias infantiles no son simples espacios donde se vigila o “guarda” a niños y niñas. Como documenta la CNDH, desde su creación en 2007, el PEI, creado para beneficiar a la infancia y con la intención de promover la igualdad de género, fue ampliando y mejorando sus servicios con el fin de ofrecer un cuidado integral, con actividades educativas y recreativas, buena alimentación y supervisión de la salud.

Así, según evaluaciones de diversas instituciones (CONEVAL, Instituto Nacional de Nutrición, etc.) y de los y las beneficiarias, las estancias tuvieron un impacto positivo en el desarrollo del lenguaje y las habilidades sociales, el peso y talla de niños y niñas, y en la inclusión de infancia con discapacidad.

Además, un convenio con la SEP permitió que se le acreditara el primer año de preescolar a niños y niñas participantes.

Al cortar a la mitad el presupuesto para el PEI y al hacer del PAB una vía más de transferencia de recursos directos a madres y padres, el gobierno federal se desentiende de su obligación de garantizar los derechos de la infancia al cuidado, la salud, la educación, e incluso a jugar y desarrollarse en un lugar seguro.

También deja de lado, una vez más, el derecho a la igualdad de oportunidades cuando, gracias al PEI, miles de mujeres pudieron trabajar y mejorar su calidad de vida o ganar lo necesario para subsistir. Pensar que habrá alguna “abuela” o parienta disponible no es sólo reproducir estereotipos sino ignorar que muchas trabajadoras carecen de apoyo familiar, que otras muchas, abuelas o no, trabajan hasta su vejez y que, en todo caso, no es su obligación.

¿Por qué se asume que a las mujeres corresponde “cuidar”? En todo caso, ofrecer servicios de cuidado y atención integral es obligación del Estado, que puede ofrecerlo o supervisarlo pero no dejarlo a la deriva ¿Cuántas mujeres más tendrán que dejar de trabajar y se quedarán sin recursos como ya ha sucedido?

Si acaso existía corrupción, o el padrón estaba inflado (lo que no se ha probado), la administración actual podría haber pedido cuentas a quienes fueran responsables en SEDESOL, el DIF y la ASF.

Tirar a la basura años de trabajo y experiencia en vez de partir de un diagnóstico transparente para corregir deficiencias, parece ser común en el nuevo gobierno. En este caso, como en otros, lo grave es que se violan derechos que se tiene obligación de garantizar.

Lo peor, aquí, es que se descalifique a un organismo que, más de una vez, ha defendido a la sociedad contra actos autoritarios. Mientras el Senado se decide a pedir explicaciones a quienes rechazaron la recomendación, el respaldo de la sociedad a la CNDH es crucial. (Lucía Melgar)