No es posible omitir la gravedad de los ataques contras las mujeres periodistas que se ha desatado desde la presidencia de la República, por colocar en el debate público un tema que a todas luces es de interés de la ciudadanía, que es una relación opaca entre un empresario que tiene contratos con PEMEX, el hijo del presidente y su pareja, y una casa lujosa en Estados Unidos. Relación que genera sospechas de posibles actos de corrupción y ha llevado a la investigación periodística que para eso sirve.
La respuesta a esto ha sido un ataque personal contra las periodistas, una campaña denigrante usando los recursos de la presidencia para potenciarla en contra de las periodistas Carmen Aristegui y Peniley Ramírez, la dimensión de la agresión manda un mensaje más que negativo para verdaderamente ejercer nuestra profesión de manera libre y sin miedo, y, a la par, autoriza a políticos, gobernantes y delincuentes, a seguir agrediendo a periodistas.
En un país como el nuestro, en cual en las últimas dos décadas quienes hemos puesto los muertos somos las y los periodistas, estos ataques desde el poder no pueden pasarse de largo porque son los que alimentan la hoguera de la violencia, que lejos de revertirse, vemos con enorme preocupación un repunte de la violencia contra el gremio y el desmantelamiento de la única instancia que estaba funcionando para la protección de periodistas.
La gravedad de la agresión contras las mujeres periodistas se eleva por el incremento de los ataques en su contra bajo premisas machistas, por ser mujeres con pensamiento y voz propia, con influencia, con credibilidad. Los ataques en su contra de manera exponencial nos recuerda lo lejos que estamos de la igualdad plena que cualquier democracia nos tendría que garantizar.
Estamos frente a un boomerang de regreso a la vulneración de los Derechos Humanos, la historia nos dirá la verdad de las cosas.
Y precisamente porque las mujeres aún enfrentamos condiciones lacerantes de desigualdad hay que tener muchísimo cuidado de no profundizarlas a través de acciones que omitan esta realidad y que partan de un igualitarismo que no ayuda.
Esto es muy importante porque queriendo hacer buenas acciones, se pueden generar enormes daños. Me refiero al reciente dictamen que aprobó la Cámara de Diputados para eliminar del Código Civil Federal que la niñez menor de 7 años quede al resguardo de la madre y entre la posibilidad de que sea el padre el que se pueda hacer cargo. Dictamen que pasa al Senado donde se discutirá nuevamente.
El cambio según la argumentación, se debe a dos cuestiones: al interés superior de la niñez y a no seguir alimentando estereotipos de género, que arraiguen que sólo las madres somos las cuidadoras.
Los argumentos son en sí mismos importantes y plausibles, sin embargo, la realidad nos hace tomar distancia para corroborar si esas intensiones realmente abonan a lo que se quiere resolver.
Cuando en este país la violencia contras las mujeres y la niñez es de las magnitudes que estamos viviendo y cuando las agresiones ocurren en el seno del hogar, en una parte importante por los padres, el interés superior de la niñez tiene que garantizar evitar que el agresor sea quien se quede con las niñas y niños.
Datos de la Secretaría de Salud reportaron que del total de lesiones contra niñas, niños y adolescentes de enero a octubre de 2021, 29.44 por ciento fue por violencia sexual, 25.76 por ciento por violencia física, y que de enero a septiembre de ese mismo año, en 81.6 por ciento de los casos las víctimas fueron niñas y adolescentes mujeres.
Nada de esto estuvo colocado en el debate legislativo y es muy importante que se considere.
Otro eje en esta reforma es fomentar la igualdad entre mujeres y hombres y dejar de insistir que las cuidadoras son las mujeres, e ir moviendo que el cuidado vaya siendo responsabilidad de los hombres, lo cual déjame decirte que aplaudo la intención.
En México tenemos años que se han hecho reformas laborales para que los padres puedan hacerse cargo del cuidado de sus hijas e hijos recién nacidos, a través de las licencias de paternidad sin que realmente los padres las hagan efectivas y se involucren en el cuidado.
Si tomamos los datos del uso del tiempo de Inegi, en 2020 las mujeres dedicaron hasta tres veces más de tiempo para el cuidado de niñas y niños menores de siete años que los hombres.
El otro lado de la monera es que una de las formas de extender la agresión contra las mujeres son las y los hijos a través de la amenaza de quitárselos, la sustracción de la niñez por parte de los padres y la disputa de la guarda y custodia, más como ejercicio de poder que de amor.
Los impactos de estas acciones son funestos tanto para la niñez como para las madres. Recordemos el terrible caso de Mireya Agraz Cortés que peleó la protección de sus hijas e hijo del padre abusador sexual y que una mala actuación de la jueza Espinoza Rosello dio la custodia al padre, la historia termina en una tragedia donde Mireya y sus tres hijos perdieron la vida.
Tener claro esta realidad no es para impedir el cambio ni las modificaciones legales que se requiramos sino lograr que las leyes respondan a la complejidad de la realidad y para que sirvan de cuña para las transformaciones que se requieran, porque las leyes no son neutras y quienes la tienen que aplicar tampoco.
Por ello, hacer leyes sin considerar las enormes brechas que aún tenemos terminan siendo un boomerang, que, en este caso, puede dejar más en riesgo a la niñez y darles a los agresores una herramienta más para seguir lastimando, pero esta vez amparados por la ley.