Avance político electoral de las mujeres en Sonora

Sin duda este 8 de marzo la noticia relevante en Sonora ha sido el anuncio de la gobernadora Claudia Pavlovich de una iniciativa legislativa, para hacer obligatoria la paridad horizontal en todas las candidaturas a puestos de elección popular.

Con esa propuesta, de una vez por todas las mujeres en Sonora podrán acceder a las candidaturas en igualdad de circunstancias que los hombres.

Por lo menos en cantidad habrán de tener las mismas oportunidades, al abrirse los espacios en exactamente la mitad para ellas y mitad para sus compañeros varones.

En la parte cualitativa todavía no sabemos si las mujeres tendrán una postura masiva de conciencia de género o si estarán “preparadas” –como las llaman las y los electores–, calificativo que por cierto no aplican a los hombres candidatos, ni hay cuestionamiento al respecto.

Son 20 años que ha esperado el movimiento feminista y amplio de mujeres para que en la entidad se pueda legislar y eliminar cualquier tipo de “candado”, cuya finalidad era obstruir el ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres.

A pesar de que llega con atraso, la iniciativa es muy bienvenida por las mujeres que han luchado por la paridad, equidad y alternancia entre mujeres y hombres candidatos, que han incidido y cabildeado para que tengamos una Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres –muy poco aplicada–, que hasta el año pasado tuvo su reglamento.

Pero hay otros temas que también deben importarnos este 8 de marzo. Por ejemplo, que estamos justo en la mitad del plazo que tiene el gobierno del estado para cumplir los compromisos que hizo en respuesta al informe del Grupo de Trabajo que estudió la solicitud de Alerta de Violencia de Género (AVG) para Cajeme, documento que, por cierto, recomienda que las soluciones se apliquen en toda la entidad y no sólo en ese municipio al sur de Sonora.

Tres reuniones de trabajo han sido realizadas por la mesa interinstitucional formada para atender los compromisos, y es la primera vez que asisten casi todos los titulares de las dependencias involucradas.

No obstante los avances que presentaron, hay puntos de preocupación. Uno de ellos es que el secretario de Seguridad Pública presentó una plataforma técnica para hacer acopio de los datos rumbo a la posibilidad de contar con un Banco Estatal de Información sobre Violencia de Género, de acuerdo con la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el estado de Sonora, el cual lleva ocho años sin implementarse.

Esto que podría al fin dar esperanza de que tendremos datos fidedignos sobre la violencia contra las mujeres, aparentemente no cuenta con un mecanismo para garantizar que todas las instancias que atienden los casos de violencia en cualquier momento del proceso, desde que se conoce, hasta que se canaliza o resuelve, lo hagan en tiempo y forma.

Esta preocupación surge porque no es éste el primer intento de crear el banco estatal de datos sobre violencia de género, y el anterior fracasó justo porque no se contaba con un mecanismo que garantizara la alimentación en tiempo real de las estadísticas, por lo que las dependencias lo tomaron a su criterio y declinaron aduciendo que “era una tarea más que les traería más trabajo”, por lo que renunciaron a esa responsabilidad.

Es también materia de Seguridad Pública el conjunto de acciones de emergencia para prevenir delitos en general, y delitos de género en particular. En este caso para ser consecuente con los compromisos del gobierno del estado derivados de la solicitud de AVG, para disminuir la violencia de género en Sonora. De qué se hará al respecto no se habló.

Por su parte, el secretario de Salud, importantísimo para la implementación de la Norma Oficial Mexicana (NOM-046), habló de que se capacitará al personal médico en dicha normatividad.

No obstante, tampoco expuso cuál será el mecanismo para garantizar que ésta se aplique, pues al igual que sucede con el banco de datos, quienes atienden a víctimas de violencia familiar y/o violencia sexual en el sector salud argumentan que llenar formatos y dar parte al Ministerio Público sobre sospecha o certeza de que las mujeres o niñas atendidas fueron víctimas de este tipo y modalidad de violencia, es “más trabajo” para ellos.

Lo anterior fue un hallazgo del estudio realizado por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio sobre la implementación de la NOM0-46 en varios estados, entre ellos Sonora.

Por ello es de crucial importancia que el secretario de Salud tenga un mecanismo eficaz para responder correctamente de acuerdo con los lineamientos de la NOM-046, incluida una lista de médicas y médicos no objetores de conciencia que estén dispuestos a practicar de inmediato la interrupción legal del embarazo producto de una violación, cuando la víctima así lo desee. Pero de ello no se habló.

Los derechos sexuales y reproductivos en esta entidad del noroeste de México son una dimensión oscura de la cual no se habla.

Al igual que la ahora llamada “epidemia” de embarazos en adolescentes en todo el país, Sonora enfrenta la creciente natalidad en madres adolescentes, sin tener una política pública que relacione la atención de este fenómeno con el empoderamiento de las niñas y adolescentes para un ejercicio informado de sus derechos sexuales y reproductivos, así como su derecho a una vida libre de violencia.

Aunado a ello, la ausencia del indicador que establezca cuántas adolescentes y niñas presentaron embarazos por violación mantiene las gestaciones tempranas en un cuarto oscuro del que no se quiere proporcionar la llave.

Éstos y los derechos laborales de las trabajadoras, que no por estar en ese ámbito están separados de los anteriores, son los temas que debemos reflexionar el 8 de marzo. Es preciso desmontar la institucionalización de la celebración banal, recuperando el espíritu original de lucha por un ejercicio pleno de los Derechos Humanos de las mujeres.