Pero bastó poner en la mesa de discusión del congreso un paquete de reformas emanadas del gobierno del estado que en específico incluía temas como la despenalización del aborto y el reconocimiento del matrimonio igualitario, para desmoronar los dichos y la entereza de los principios revolucionarios, de izquierda y progresistas que tanto enarbolan en sus discursos las y los integrantes de la 4T del congreso local y el gobierno estatal.
Me refiero a la iniciativa de reforma que el 25 de septiembre en la sesión pública ordinaria del congreso del estado de Puebla se dio a conocer y que fue enviada por el gobernador constitucional del estado de Puebla con el objetivo de cumplir con las condiciones de la emisión de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres. Propuesta discutida en una larga jornada el pasado viernes 4 de octubre en Comisiones Unidas de Procuración y Administración de Justicia y de Igualdad de Género, hecho que dejó al movimiento feminista y LGBTTTI local, cuando menos, con una profunda frustración y una serie de cuestionamientos prácticos. ¿Y el cambio? ¿Y la agenda progresista? ¿Y la promesa de actuar distinto a los gobiernos anteriores, en específico respecto de estos temas?
Hagamos un breve repaso histórico de la situación, un poco de contraste al estilo juzgue usted misma.
Por cierto, antes de que lea los párrafos siguientes y me acusen de priista, panista o morenista, les diré que hablo como ciudadana de a pie, que ha seguido cautelosamente lo que corresponde a las discusiones de la despenalización del aborto en Puebla, con mi dosis de visión feminista.
Primer apunte
En 2009 se aprobó la reforma al artículo 18 para “la protección de la vida desde el momento de la concepción y hasta la muerte natural“, propuesta impulsada por el diputado priista José Othón Bailleres – quien entonces se desempeñaba como presidente de la Gran Comisión de la LIII legislatura del congreso del estado de Puebla – bajo la encomienda del gobernador poblano, Mario Marín Torres.
En ese contexto, una fracción del PRI, encabezada principalmente por la diputada Rocío García Olmedo, se manifestó y confrontó a esa reforma. Sin reparos, las diputadas Malinalli García Ruíz, Barbara Ganime Bomne, Carolina O´Farril Tapia, señalaron la iniciativa de retrógrada y violatoria de los derechos de las mujeres. A este reclamo se le sumaron los diputados Luis Alberto Arriaga, Mario Méndez, Mauricio Hidalgo y Jorge Alfonso Ruíz Romero.
En aquel marzo del 2009 las diputadas del PRI opositoras a la propuesta que intentaba servir como candado para la despenalización del aborto y los matrimonios igualitarios y que era encabezada por su propio partido, consiguieron el apoyo del Organismo Nacional de Mujeres del PRI y de la entonces presidenta del CEN del PRI, Beatriz Paredes Rangel, para posicionarse en contra de la propuesta. También sumaron las voces de más integrantes de este partido como Blanca Alcalá (quien era Presidenta Municipal de Puebla), Carlos Meza Viveros, Claudia Hernández (entonces Secretaria General del PRI), Silvia Tanus, Gudelia Tapia y Nancy de la Sierra, conformando así, un bloque opositor a la reforma que el propio gobernador e integrantes de su partido lanzaba. Aunque no fue suficiente, porque la iniciativa fue aprobada.
Pero la historia de este 4 de octubre de 2019 en el congreso poblano fue distinta, pese a los posicionamientos de organizaciones locales y de la ciudadanía en contra del abordaje del aborto y matrimonio igualitario que se propone en la iniciativa del actual gobernador poblano muy poco se dijo. No hubo contrastes que emanaran de la fracción de MORENA al interior del congreso, ni del exterior, ni mucho menos un bloque contundente para confrontar la oposición a lo considerado sobre estos temas. A lo mucho, un llamado emanado de la Presidenta Municipal de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, para que el Congreso poblano considere la despenalización del aborto.
Aquí las y los integrantes de MORENA que discutieron la reforma en comisiones unidas repetían a quienes les cuestionaban algo más o menos así: es una propuesta del gobernador en el marco de la Alerta de violencia de Género, es urgente aprobarla. No hay que entrar en temas que polarizan a la sociedad.
Y así fue, la oposición a los contenidos de la reforma que protagonizaron tanto la diputada Rocío García Olmedo e integrantes de la autodenominada “bancada independiente” no fueron suficientes ni tampoco tuvieron el respaldo de las y los legisladores del bloque de MORENA. En consecuencia, se aprobó un dictamen que dice que “el matrimonio es un contrato civil, por el cual un sólo hombre y una sola mujer, se unen…”, contraviniendo de esta manera la sentencia de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre ese artículo. También se mantienen las sanciones punitivas en contra de mujeres que abortan.
Segundo apunte
En 2011 José Juan Espinoza, quien entonces tenía una curul en el LVIII legislatura del congreso local por el partido Convergencia, presentó una iniciativa para despenalizar el aborto hasta la semana 12 de gestación, la cual también proponía las disminuciones de las sanciones en contra de quienes recurrieran a esta práctica después de las 12 semanas de gestación.
Por aquellas fechas el diputado en cuestión, lamentó que ese tema no fuera prioridad para la mayoría de sus compañeros legisladores y líderes políticos que formaban parte de la coalición Compromiso por Puebla (que encabezaba el PAN), ya que la propuesta de despenalización del aborto ni siquiera fue incluida en la agenda de trabajo de la LVIII Legislatura. Pero ahora, parece que ha cambiado de opinión e incluso ha declarado que “hay otros temas prioritarios”. Y por supuesto, en el contexto de las discusiones del pasado 4 de octubre del presente año, tampoco se manifestó en el sentido de la postura que enarbolaba en 2011.
Tercer apunte
Resulta que también en 2011 el entonces gobernador del estado de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas, presentó una iniciativa de reforma para modificar la pena por el delito de aborto. Se trataba de cambiar el encarcelamiento a “un tratamiento médico integral” en una institución de salud por un periodo no menor a 30 días. Esta versión “conservadora” de la despenalización del aborto, que en términos prácticos pretendía que las mujeres que abortan en lugar de ser tratadas como delincuentes, fueran tratadas como enfermas mentales, no prosperó.
Por aquellas fechas los diversos grupos feministas recriminamos la iniciativa que mantenía el delito de aborto de la siguiente manera:
“modificaba el Código de Defensa Social para eliminar la prisión de seis y hasta cinco años (para la pena mínima tienen que concurrir tres circunstancias: que no tenga mala fama; que haya logrado ocultar el embarazo; y que éste no sea fruto de matrimonio) a cambio del tratamiento psicológico a las mujeres que aborten o permitan que un tercero se los practique” (Lado B, 2011).
Bajo la lupa de diversas organizaciones feministas esa propuesta también fue una treta del gobierno encabezado por Rafael Moreno Valle para simular la “disminución de las penas por aborto” pero mantener la criminalización penal y social, por ello, la exigencia se centraba en no olvidar el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y la obligación del Estado de garantizar esa decisión.
En la reciente propuesta que el 25 de septiembre de 2019 dio a conocer el congreso poblano emanada del gobierno del estado de Puebla se incluye la reforma al Artículo 342 respecto de las sanciones de aborto, para quedar de la siguiente manera:
“Se impondrán de seis meses a un año de prisión a la madre que voluntariamente procure su aborto o consienta en que otro la haga abortar”
Esta última propuesta también ha sido cuestionada por el movimiento feminista y organizaciones locales, sobre todo considerando que la actual legislatura, tiene desde mayo del presente año, una iniciativa para despenalizar el aborto que ni siquiera ha subido a pleno para ser discutida.
Además, a este tema se le suma la iniciativa para despenalizar el aborto que presentó la colectiva Coatlicue Siempre Viva a la LX legislatura el mismo 4 de octubre de 2014.
Ya para cerrar
Dicho lo anterior, esta LX legislatura con mayoría “progresista y/o de izquierda” nos queda a deber y mucho. Ni un solo argumento a favor de los derechos de las mujeres y los matrimonios igualitarios vertidos en la discusión del pasado 4 de octubre que sirvan como muestra contundente de la transformación que se supone estamos viviendo.
Sí, la propuesta emanada desde el actual gobierno del estado de Puebla respecto del aborto y matrimonio igualitario no dista mucho de la que han encabezado otros gobiernos. ¿No que muy diferentes?
Hasta ahora, la encomienda concentrada en la fracción de MORENA del congreso para evitar la discusión de la penalización del aborto y no reconocer el matrimonio igualitario se ha cumplido al pie de la letra y esto es un indicador importante de lo que podemos esperar en futuras actuaciones por parte del congreso local, de la lógica gubernamental o de las y los integrantes de MORENA en el estado de Puebla. ¡Cualquier parecido con otras legislaturas, mera coincidencia!
Sí, las poblanas que optan y necesitan un procedimiento de aborto continuarán siendo criminalizadas por esta práctica, sobre todo aquellas que no pueden pagar procedimientos seguros en hospitales privados, aquellas que no pueden acudir a los servicios de la Ciudad de México y aquellas que no pueden obtener información para procedimientos de abortos seguros.
Se espera que hoy se suba al pleno la iniciativa de reforma enviada por Miguel Barbosa Huerta y que se vote antes del 9 de octubre, fecha límite para el cumplimiento de las acciones en el marco de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres decretada en Puebla. Lo que representa otra oportunidad para evaluar el desempeño de “nuestras personas representantes progresistas en el congreso local”, donde nuevamente podremos observar y reconocer si la división de poderes, la cuarta transformación, la agenda progresista de MORENA y las convicciones partidistas alcanzan para determinar estas reformas en el marco del respecto de los Derechos Humanos de las mujeres y personas LGBTTTI.