De acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones, en 2020, de las 272 millones de personas migrantes internacionales, las mujeres representaron 48 por ciento; en América Latina y el Caribe, 49.5 por ciento; y en México son entre 25 y 30 por ciento en los eventos de detención.
La mayoría se encuentra en edad productiva y reproductiva, provenientes de países centroamericanos principalmente; mientras que de las más de 80 millones de personas refugiadas y desplazadas en el mundo, las mujeres representan 50 por ciento, de acuerdo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.
La pobreza, la violencia social, sexual y de género, hacia ellas o sus familias, así como las desigualdades en sus diversas dimensiones, hacen que las mujeres y las niñas tengan que escapar de sus países, esperando sobrevivir en un contexto de violencia y desigualdad sistémica. No obstante, la violencia no termina con salir de su país, a veces son perseguidas más allá de las fronteras o se enfrentan a la discriminación y rechazo en el Estado en el que se encuentran, enfrentándose a sistemas discriminatorios, desiguales y violentos.
A ello se suma la política migratoria regional, sentada en acciones de contención y criminalización de la migración con un impacto importante en la vida de las mujeres y sus familias. Se pondera el miedo como bandera, generando rechazo, y en el contexto de la pandemia se ha usado como narrativa para justificar medidas xenófobas, discriminatorias y violatorias de la legislación nacional e internacional. A las dificultades que ya enfrentaban, en la pandemia se han convertido en el eslabón más débil y señalado al ser “las otras”. El rechazo, real y simbólico a la movilidad, incrementó.
En el contexto de la pandemia los gobiernos de la región implementaron diferentes acciones que colocaron en riesgo la salud de las migrantes y sus familias. Estados Unidos empleó diversas medidas para frenar su entrada, y suspendió indefinidamente las audiencias de asilo para población bajo el Protocolo “Quédate en México”.
México continúo las detenciones y deportaciones sin tomar en cuenta las acciones ya tomadas para contener la propagación del virus como la sana distancia y medidas de higiene. El cierre temporal de oficinas del Instituto Nacional de Migración y de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, hizo que los plazos para la resolución de trámites se atrasaran. Los gobiernos de Centroamérica suspendieron temporalmente el recibimiento de personas deportadas de México y Estados Unidos por tierra y aire; e hicieron uso de la fuerza, por policías y militares, para contener las caravanas migrantes.
Entre las políticas estadounidenses vigentes avaladas por el gobierno mexicano, contrarias a nuestra Constitución, principios y Convenciones internacionales y Pactos Mundiales sobre asilo y migración, se encuentra la política Expulsiones Título 42, que establece que debido al coronavirus queda prohibida la entrada de personas con estatus migratorio irregular provenientes de Centroamérica, quienes serán expulsadas inmediatamente al país de último tránsito, implementada desde el 20 de marzo de 2020.
Un día después, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México anunció la aceptación de esa medida, comprometiéndose a recibir 100 personas expulsadas al día provenientes de países centroamericanos, con excepción de aquella población vulnerable a la COVID-19 -como embarazadas, niñez y adolescencia.
Las expulsiones serían a la frontera norte mexicana, no obstante, en la última semana se han realizado vía aérea a otros estados del centro y sur del país, como Tabasco, Chiapas, Morelia, Guadalajara y la Ciudad de México. Se ha documentado la recepción de más personas de las comprometidas, de nacionalidades diferentes a las centroamericanas, y la inclusión de mujeres, niñez y familias, todo con la anuencia del gobierno mexicano. El viernes pasado, en un monitoreo in situ en el aeropuerto de Villahermosa, Tabasco, se comprobó cómo 3 autobuses de la línea Turistar estaban esperando para subir a las familias expulsadas de Estados Unidos que estaban bajando del avión, para ser llevadas a la frontera con Guatemala por autoridades mexicanas.
De acuerdo con los testimonios de quienes han sido expulsadas vía área en la última semana, al bajar del avión son llevadas por el Instituto Nacional de Migración y la Guardia Nacional a la frontera con Guatemala para que crucen, sin que se les informe de su derecho a solicitar asilo en México o a regularizar su situación migratoria, además de no contar con ningún documento que muestre que son expulsadas por el gobierno estadounidense. Tampoco hay intervenciones de las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, para determinar su interés superior como establece la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Las familias (incluida la niñez y la adolescencia) expulsadas a México, siguen experimentando altos índices de violencia, que incluyen violaciones, secuestros y amenazas. De acuerdo con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP), entre marzo de 2020 y julio de 2021 se han registrado más de un millón de expulsiones bajo Título 42. Mientras que datos del Instituto Nacional de Migración, obtenidos vía acceso a la información (folio 0411100021821), señalan que entre marzo y diciembre de 2020 fueron expulsadas a México más de 22 mil personas centroamericanas, de las cuales 23 por ciento son mujeres y 8 por ciento niñez, a través de 5 estados: Baja California, Coahuila, Tamaulipas, Sonora y Chihuahua.
Estas agresiones también están ocurriendo en suelo estadounidense. Una solicitante de asilo embarazada fue devuelta a México después de entrar en trabajo de parto mientras estaba bajo custodia de CBP; y al menos tres mujeres que dieron a luz en Estados Unidos han informado que ellas, junto con sus hijas e hijos recién nacidos ciudadanos estadounidenses, fueron expulsadas.
Han pasado 8 meses desde que la administración Biden tomó las riendas de Estados Unidos, pero aún no logra restaurar su sistema de asilo y eliminar políticas migratorias y de asilo que violan el derecho de las mujeres y sus familias a solicitar protección internacional, el principio de no devolución, y el acceso al debido proceso.
Por el contrario, hace unas semanas anunció la continuidad de políticas como Título 42, y hace unos días comenzó a implementarla más allá de sus fronteras. A decir del Secretario de Seguridad de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, esta estrategia de enviar a las personas en vuelos a diferentes estados de México es para que sea más difícil para ellas volver a intentar cruzar a Estados Unidos, haciendo cómplice al gobierno mexicano, quien además acepta la externalización de la frontera del gobierno estadounidense.
Estados Unidos tiene la capacidad y los recursos para aceptar a las mujeres y sus familias que buscan asilo en su frontera sur, sin embargo, desde hace 15 meses han anclado su negativa a una política (Título 42) que a decir de los expertos en salud no es proporcional ni existen pruebas fehacientes de que disminuya los contagios en el país, por el contrario, muestra la misma línea de rechazo que la administración de su antecesor, Donald Trump.
*Organización de la sociedad civil que promueve los derechos de las mujeres en la migración dentro del contexto mexicano, desde una perspectiva de género, ya sea que vivan en comunidades de origen, estén en tránsito o residan en México o en Estados Unidos.
La mayoría se encuentra en edad productiva y reproductiva, provenientes de países centroamericanos principalmente; mientras que de las más de 80 millones de personas refugiadas y desplazadas en el mundo, las mujeres representan 50 por ciento, de acuerdo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.
La pobreza, la violencia social, sexual y de género, hacia ellas o sus familias, así como las desigualdades en sus diversas dimensiones, hacen que las mujeres y las niñas tengan que escapar de sus países, esperando sobrevivir en un contexto de violencia y desigualdad sistémica. No obstante, la violencia no termina con salir de su país, a veces son perseguidas más allá de las fronteras o se enfrentan a la discriminación y rechazo en el Estado en el que se encuentran, enfrentándose a sistemas discriminatorios, desiguales y violentos.
A ello se suma la política migratoria regional, sentada en acciones de contención y criminalización de la migración con un impacto importante en la vida de las mujeres y sus familias. Se pondera el miedo como bandera, generando rechazo, y en el contexto de la pandemia se ha usado como narrativa para justificar medidas xenófobas, discriminatorias y violatorias de la legislación nacional e internacional. A las dificultades que ya enfrentaban, en la pandemia se han convertido en el eslabón más débil y señalado al ser “las otras”. El rechazo, real y simbólico a la movilidad, incrementó.
En el contexto de la pandemia los gobiernos de la región implementaron diferentes acciones que colocaron en riesgo la salud de las migrantes y sus familias. Estados Unidos empleó diversas medidas para frenar su entrada, y suspendió indefinidamente las audiencias de asilo para población bajo el Protocolo “Quédate en México”.
México continúo las detenciones y deportaciones sin tomar en cuenta las acciones ya tomadas para contener la propagación del virus como la sana distancia y medidas de higiene. El cierre temporal de oficinas del Instituto Nacional de Migración y de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, hizo que los plazos para la resolución de trámites se atrasaran. Los gobiernos de Centroamérica suspendieron temporalmente el recibimiento de personas deportadas de México y Estados Unidos por tierra y aire; e hicieron uso de la fuerza, por policías y militares, para contener las caravanas migrantes.
Entre las políticas estadounidenses vigentes avaladas por el gobierno mexicano, contrarias a nuestra Constitución, principios y Convenciones internacionales y Pactos Mundiales sobre asilo y migración, se encuentra la política Expulsiones Título 42, que establece que debido al coronavirus queda prohibida la entrada de personas con estatus migratorio irregular provenientes de Centroamérica, quienes serán expulsadas inmediatamente al país de último tránsito, implementada desde el 20 de marzo de 2020.
Un día después, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México anunció la aceptación de esa medida, comprometiéndose a recibir 100 personas expulsadas al día provenientes de países centroamericanos, con excepción de aquella población vulnerable a la COVID-19 -como embarazadas, niñez y adolescencia.
Las expulsiones serían a la frontera norte mexicana, no obstante, en la última semana se han realizado vía aérea a otros estados del centro y sur del país, como Tabasco, Chiapas, Morelia, Guadalajara y la Ciudad de México. Se ha documentado la recepción de más personas de las comprometidas, de nacionalidades diferentes a las centroamericanas, y la inclusión de mujeres, niñez y familias, todo con la anuencia del gobierno mexicano. El viernes pasado, en un monitoreo in situ en el aeropuerto de Villahermosa, Tabasco, se comprobó cómo 3 autobuses de la línea Turistar estaban esperando para subir a las familias expulsadas de Estados Unidos que estaban bajando del avión, para ser llevadas a la frontera con Guatemala por autoridades mexicanas.
De acuerdo con los testimonios de quienes han sido expulsadas vía área en la última semana, al bajar del avión son llevadas por el Instituto Nacional de Migración y la Guardia Nacional a la frontera con Guatemala para que crucen, sin que se les informe de su derecho a solicitar asilo en México o a regularizar su situación migratoria, además de no contar con ningún documento que muestre que son expulsadas por el gobierno estadounidense. Tampoco hay intervenciones de las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, para determinar su interés superior como establece la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Las familias (incluida la niñez y la adolescencia) expulsadas a México, siguen experimentando altos índices de violencia, que incluyen violaciones, secuestros y amenazas. De acuerdo con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP), entre marzo de 2020 y julio de 2021 se han registrado más de un millón de expulsiones bajo Título 42. Mientras que datos del Instituto Nacional de Migración, obtenidos vía acceso a la información (folio 0411100021821), señalan que entre marzo y diciembre de 2020 fueron expulsadas a México más de 22 mil personas centroamericanas, de las cuales 23 por ciento son mujeres y 8 por ciento niñez, a través de 5 estados: Baja California, Coahuila, Tamaulipas, Sonora y Chihuahua.
Estas agresiones también están ocurriendo en suelo estadounidense. Una solicitante de asilo embarazada fue devuelta a México después de entrar en trabajo de parto mientras estaba bajo custodia de CBP; y al menos tres mujeres que dieron a luz en Estados Unidos han informado que ellas, junto con sus hijas e hijos recién nacidos ciudadanos estadounidenses, fueron expulsadas.
Han pasado 8 meses desde que la administración Biden tomó las riendas de Estados Unidos, pero aún no logra restaurar su sistema de asilo y eliminar políticas migratorias y de asilo que violan el derecho de las mujeres y sus familias a solicitar protección internacional, el principio de no devolución, y el acceso al debido proceso.
Por el contrario, hace unas semanas anunció la continuidad de políticas como Título 42, y hace unos días comenzó a implementarla más allá de sus fronteras. A decir del Secretario de Seguridad de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, esta estrategia de enviar a las personas en vuelos a diferentes estados de México es para que sea más difícil para ellas volver a intentar cruzar a Estados Unidos, haciendo cómplice al gobierno mexicano, quien además acepta la externalización de la frontera del gobierno estadounidense.
Estados Unidos tiene la capacidad y los recursos para aceptar a las mujeres y sus familias que buscan asilo en su frontera sur, sin embargo, desde hace 15 meses han anclado su negativa a una política (Título 42) que a decir de los expertos en salud no es proporcional ni existen pruebas fehacientes de que disminuya los contagios en el país, por el contrario, muestra la misma línea de rechazo que la administración de su antecesor, Donald Trump.
*Organización de la sociedad civil que promueve los derechos de las mujeres en la migración dentro del contexto mexicano, desde una perspectiva de género, ya sea que vivan en comunidades de origen, estén en tránsito o residan en México o en Estados Unidos.