La radiante impunidad de “Los Porkys de Costa de Oro”

Como un grito desesperado pidiendo ayuda a la sociedad mexicana, calificó Javier Fernández Gómez su exigencia de justicia ante la –ya confesa– violación tumultuaria de su hija Dafne, ocurrida en 2015, por parte de los llamados “Porkys de Costa de Oro”, Veracruz, quienes tienen nombres y apellidos: Enrique Capitaine Marín, Jorge Cotaita Cabrales, Diego Cruz Alonso, y Gerardo Rodríguez Acosta.

Se ha vuelto una trágica costumbre saber de gritos desesperados clamando por justicia debido a la más diversa gama de atrocidades ocurridas en prácticamente todo el territorio nacional, contra mujeres, niñas y adolescentes, donde el común denominador es la impunidad que tiene tras de sí la colusión entre las y los integrantes de la élite política (que en muchos casos se ostentan como gobernantes) para exentarse a sí mismos del cumplimiento de la ley.

Como parte activa de la sociedad civil organizada que defiende los derechos de las mujeres y las niñas, hemos insistido en que la trata con fines de explotación sexual –que ocupa el segundo lugar entre los negocios ilícitos más redituables a nivel mundial– es una de las formas de violencia extrema que no pocas veces termina en feminicidio.

Los delitos relacionados con la trata de mujeres y niñas no surgen de la nada.

Para que esto sea posible, a lo largo de la historia ha tenido que permitirse y/o legitimarse una serie de prácticas que degradan la dignidad de las mujeres a partir de las instituciones (gobierno, religiones, sistema educativo y económico, medios de comunicación), y luego reproducirse en los entornos inmediatos como la familia o la comunidad, lo que conocemos como patriarcado.

Es así que, cuando responsabilizamos al patriarcado de la violencia sexual, familiar o comunitaria, la trata, la explotación o el feminicidio, estamos alertando contra todas las prácticas que autorizan que las mujeres, las niñas y las adolescentes sean vistas y tratadas como seres de ínfima categoría, a quienes no se les reconoce un “NO” como respuesta.

Tal contexto se agrava cuando el llamado “contrato social” ha perdido valor o simplemente ya no existe en un país como México, porque de un lado escuchamos discursos oficiales a favor de aplicar “todo el peso de la ley”, y del otro vemos una realidad en la que el hecho de denunciar resulta muchas veces más riesgoso que quedarse calladas.

Por varias semanas Dafne no quiso denunciar hasta que su hermana la convenció de que los hechos no podían ser ignorados, mientras que su padre, una persona como usted o como yo, sin el mínimo interés en la política y con cero conocimientos jurídicos, tuvo que salir a exigir justicia, ya que, una vez concluido el plazo legal, la autoridad, concretamente la Fiscalía del estado de Veracruz, no asumió la obligación legal de ponerse del lado de la víctima para castigar a sus cuatro violadores.

¿Qué obtienen a cambio las personas que deciden denunciar? Como ya es costumbre en este país, y para pintar una raya más al deleznable gobierno de Veracruz, a cargo Javier Duarte, la víctima y su familia han sido señaladas, difamadas y amenazadas, sin importar que existan todos los elementos probatorios de la culpabilidad de los cuatro delincuentes.

¿Cómo no pensar que en este país reina la flagrante impunidad para quienes pertenecen al intocable sector de políticos, empresarios y gobernantes, e incluso empresarios ligados con los más altos círculos del poder? ¿Estamos o no ante un sistema que protege violadores, feminicidas, tratantes y proxenetas?

Desgraciadamente, el caso de Dafne resultará emblemático entre los de su tipo y servirá de triste referencia para quienes deseen ejemplificar cómo operan las redes de corrupción en este país.

No debemos pasar por alto lo que es sabido en Veracruz y que incluso fue confirmado ayer durante la marcha que encabezó María Elena Bretón de la Cruz, abuelita de Dafne: “Los Porkys de Costa de Oro”, presuntamente forman parte de una banda criminal integrada por juniors, la mayoría hijos de funcionarios o empresarios, y la protección de este perfil de delincuentes es el modus operandi de la Fiscalía veracruzana, al menos desde los tiempos del ex gobernador Fidel Herrera.

Como aquel caso de Gabriela Benítez Ybarra, desaparecida en Xalapa y localizada meses después con señas de ataque sexual y sin vida. Era novia de un ahijado del entonces gobernador Herrera. Otro caso emblemático que hasta ahora sigue en total impunidad.

Desde este espacio reconocemos el valor de las autoridades del Colegio Rougier, al que pertenecen la víctima y sus atacantes, por haber alzado la voz, y por supuesto condenamos la impunidad que hasta el día de hoy prevalece en el caso de “Los Porkys”.

No permitamos que la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del estado, la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de Veracruz, el Código Penal estatal, y los tratados internacionales en la materia sean letra muerta.

Exigimos justicia para Dafne y cárcel para sus violadores.