Sobre la declaración del jurista e investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Diego Valadés, en el sentido de que es inconstitucional que los partidos políticos destinen sus recursos a fines no electorales, el legislador afirmó que el académico tiene razón.
“Tiene razón Diego Valadés, los partidos pueden renunciar a sus prerrogativas, pero una vez que las reciben ya no pueden hacer nada con ellas que no sea la finalidad que señala la Constitución. La única alternativa legal que quedaba era renunciar, es decir, no aceptar el financiamiento”, explicó.
En ese sentido Ramírez Marín precisó que los planteamientos de algunos partidos de primero recibir los recursos públicos y después transferirlos a cuentas bancarias para ayudar a los damnificados, "es un procedimiento absolutamente ilegal”.
“No pueden hacer transferencias, es una ilegalidad, una vez que el dinero esté en la cuenta del partido no tiene otro destino más que el que prevé la Constitución, no pueden hacer transferencias a nadie”, indicó el también presidente de la Cámara de Diputados.
Reiteró que la fórmula más sencilla y legal de los partidos para ayudar a los damnificados y la reconstrucción es renunciar a su financiamiento en los meses que quedan de este año; y aunque ya no pueden devolver el correspondiente a octubre, aún tienen posibilidad de rechazar el de noviembre y diciembre.
Ramírez Marín aseveró que existen mecanismos de transparencia para verificar el destino de los recursos que eventualmente los partidos devolvieran y corroborar que las autoridades actúan con absoluto apego a la legalidad.
Aclaró que en el caso de los 60 millones de pesos que la Cámara de Diputados canalizará a la reconstrucción de escuelas y labores de rescate que realizan las Fuerzas Armadas no se incurre en ninguna ilegalidad ya que el dinero no se recibirá, sino se solicitará que los recursos se reintegren a la Tesorería de la Federación, “advirtiéndole que hay un destino específico para eso”.
Respecto a las iniciativas de reforma constitucional para eliminar el 100 por ciento del financiamiento público a los partidos políticos, el legislador priista se pronunció por abrir ya la discusión del tema y decidir si se suprime totalmente, se reduce o se acota a una determinada época ante cualquier contingencia.