Democracia corporativa, garantía de Grupo Banorte: Valenzuela

México, 10 Sep. (Notimex).- El Grupo Financiero Banorte cuenta con una democracia corporativa que garantiza la gobernabilidad de la institución en beneficio de sus clientes y de sus inversionistas, aseguró su director general, Alejandro Valenzuela del Río.

En su opinión, los problemas de gobernabilidad que se han visto en Banorte son normales y se dan en un marco en donde la institución ha trabajado muy duro para asegurar que tenga la mejor gobernabilidad corporativa que sea posible.

El directivo dijo lo anterior en torno a especulaciones generadas sobre la salida de la institución del presidente de su Consejo de Administración, Guillermo Ortiz Martínez.

En una reunión con representantes de agencias de noticias, Valenzuela del Río expuso que el problema ocurre como consecuencia de la reforma financiera, en su apartado de organización de grupos financieros, en donde se tiene que entender cuáles son las definiciones del Consejo Directivo, del presidente del Consejo y del Consejo de Administración.

Es decir, precisó, hubo un ejercicio de cambio de ley en el sistema financiero mexicano, en donde parte de sus modificaciones tuvieron que ver con el Gobierno Corporativo, dejando muy claro los roles del Consejo, sus potestades, sus obligaciones, los roles del presidente del Consejo y la gestión.

Para cumplir con dicha legislación, explicó que miembros del Consejo han preguntado a las autoridades y a algunas de las empresas que conocen el tema sobre cuáles son las mejores practicas mundiales y la mejor forma de implementarlas.

“Miembros del Consejo tratan de evaluar qué tipo de gobierno o mandatos debiera tener el grupo financiero y cuál debería ser el mandato de la Junta Directiva.

“En esto se ha hablado de la renuncia de Guillermo Ortiz y de otras cosas, pero son asuntos internos que se tienen actualmente y que se están evaluando con la Asamblea y el Consejo Directivo", insistió.

De esta manera, aseguró que "la renuncia (de Ortiz Martínez) es mera especulación y si ese fuera el caso sería decisión de él, y se manejaría dentro de la gobernabilidad de la institución y se haría pública".

Recordó que Roberto González Barrera, quien falleció en 2012, buscó fortalecer a Banorte, por lo que en los últimos años de su vida optó por institucionalizar al grupo financiero, “con lo que fue dejando una pauta que muchos inversionistas internacionales vieron con buenos ojos”.

No obstante, dijo, Guillermo Ortiz pensaba que se limitaba demasiado su rol, por lo que buscaría consultar al Consejo para tener mayores potestades y capacidades para darle seguimiento a su tarea, que de hecho venía siendo de un presidente bastante ejecutivo.

Al presentarse al Consejo en abril estas iniciativas, se genera, lo que es natural en una institución, una discusión, que al final de cuentas no llegó a una decisión más que de consultar a la autoridad y a algunas empresas que se dedican a temas de gobierno corporativo para que justamente Banorte mejore en estas prácticas, aseguró.

De acuerdo con el directivo, algunas de las iniciativas propuestas quedaron de manifiesto que no iban necesariamente en la dirección de las mejores prácticas de gobierno corporativo, ni iban en el sentido de lo que la nueva legislación obligaba a todos los bancos.

No obstante, subrayó que todo lo anterior “tiene un arropamiento institucional muy sólido” y cualquier tema se discutirá primero en el Consejo, que es un cuerpo colegiado de 15 integrantes.

"Cualquier decisión que se pueda tomar, lo que hemos denominado la democracia corporativa, tendría que ser en el seno de la asamblea, la que dictaminará en qué sentido los propietarios del banco van a tomar cualquier opción", argumentó.

Para el directivo, lo que se vive en Banorte es un ejemplo de madurez corporativa, al tenerse un CEO y un director general diferente respecto a otras partes del mundo, además de que la ley mexicana ya no permite la misma persona en ambos puestos.

Alejandro Valenzuela añadió que para definir esta situación se cuenta con distintas alternativas jurídicas, como las asambleas ordinarias o extraordinarias, en donde se necesita por lo menos la petición de un mínimo de 10 por ciento de representación para su realización.