“Somos una cadena de valor que mueve la economía de 21 departamentos y 217 municipios de la geografía nacional, 16 mil 400 cultivadores de arroz viven de su comercialización”, afirmó el movimiento Dignidad Arrocera.
Según el dirigente del Consejo Nacional de Arroz, Roberto Botero, “el plato del almuerzo y la comida de los colombianos se verían seriamente afectados si el sector arrocero quiebra. Y es que de cada 10 comensales ocho siempre piden arroz en su plato. Para algunos un almuerzo sin arroz, no es almuerzo”.
Para Botero, diagnosticar la problemática del sector arrocero “es relativamente sencillo y fácil, lo difícil y complicado hoy en día es encontrar las soluciones, cuando sus principales eslabones caminan en direcciones que no se encuentran”.
El dirigente aseguró “que a la industria parece no importarle el proveedor de la materia prima, el agricultor; el Ministerio de Agricultura y la Industria aprueban importaciones de arroz y el productor se encuentra supeditado a las determinaciones de ambos, las cuales en su mayoría son lesivas a sus intereses”.
A juicio del dirigente arrocero, las importaciones son una pésima señal para la producción primaria y junto al contrabando, se pueden convertir en una de las peores amenazas para la sostenibilidad del sector.
Planteó que el colombiano “va a terminar consumiendo arroz extranjero y por lo tanto lo tendrá que pagar más caro si no se le pone freno a las importaciones” y recordó que a partir del año 2022 puede entrar arroz sin límites desde Perú, después de 2026 desde Ecuador y posterior a 2029 de Estados Unidos.
Esta decisión en lo que se “traduce es que vamos a reemplazar la producción de nuestros agricultores por arroz importado, vamos a acabar con el empleo rural en los 217 municipios productores del grano y eso no es justo ni se puede aceptar”.
Recordó que este año “terminaría ingresando a nuestro país 235 mil toneladas de arroz blanco por cuenta de los tratados internacionales con Estados Unidos y de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), que corresponde a la producción interna de 80 mil hectáreas o a un mes y medio de consumo nacional”.
Botero solicitó al gobierno del presidente Duque “políticas claras y estables en materia de comercialización y control al precio de las cosechas, no solo de arroz sino de todos los productos agropecuarios”.
Según Dignidad Arrocera, hoy en día el negocio del agricultor arrocero en Colombia es muy “incierto en su rentabilidad, puesto que desconoce a cómo le van a comprar su producto, su forma de pago y cuál va a ser su productividad, de lo que sí está seguro es que sembró y la gran mayoría saben a quién le tienen que entregar (más no vender) su cosecha”.
Aseveró que más o menos desde 1994, “la industria nacional arrocera suplió a la banca y empezó a financiar al productor, adueñándose anticipadamente de su producto, lo cual generó un total sometimiento con los procesadores del cereal y un nulo poder de negociación”.
El dirigente planteó que “el sector primario requiere con urgencia de un paquete de medidas alcanzables a mediano y largo plazos, mediante un plan de acción que haga de este importante sector de la economía agrícola de Colombia un sector próspero y competitivo y que recupere la confianza del productor”.
Según las cifras de Dignidad Arrocera, 16 mil 378 colombianos son arroceros en 210 municipios, 102 mil toneladas de arroz blanco proveniente de Estados Unidos ingresarán a Colombia durante 2018 y otras 87 mil toneladas de arroz de origen ecuatoriano entrarán drante este año.