De acuerdo a la denuncia de los comunicadores, "el pasado 10 de septiembre, la periodista Martha Delgado, integrante del medio de comunicación comunitario y alternativo El Macarenazoo, recibió un panfleto firmado por el Bloque Capital del grupo paramilitar Águilas Negras”.
El grupo paramilitar también amenazó de muerte a Guillermo Castro, director de El Macarenazoo; a J. Manuel Arango, director de Clarín de Colombia; y a Omar Vera, director de El Turbión, además de declarar como objetivo al periódico Desde Abajo y la agencia Colombia Informa.
Los medios y periodistas amenazados rechazaron “estas intimidaciones de quienes, ocultos tras un cobarde anonimato, pretenden acallar nuestro trabajo informativo sobre la grave problemática en materia de derechos humanos y conflictos sociales, ambientales y territoriales que existe en Colombia, especialmente en Bogotá y el departamento de Cundinamarca, donde tienen sede nuestras organizaciones”.
A través de este tipo de “actos violentos se pretende silenciar a las voces críticas que existen en los medios independientes, alternativos y populares, restringir aún más la limitada libertad de expresión que existe en nuestro país y vulnerar los derechos de los colombianos a la comunicación y a informar y ser informados de manera veraz, intención a la cual no cederemos de ninguna manera”.
Los comunicadores consideraron “que este no es un hecho aislado, sino que hace parte de un plan sistemático de agresiones contra líderes sociales, defensores de derechos humanos, ambientalistas y periodistas que, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo, ya completa al menos 282 víctimas mortales entre el 1 de enero de 2016 y el 27 de febrero de este año”.
Denunciaron que más de “89 periodistas han recibido amenazas durante el primer semestre de 2018, según la Fundación para la Libertad de Prensa, y cuando Colombia ocupa un oprobioso lugar histórico entre los países en los que más se asesina y persigue a quienes cumplen el deber cívico de informar a la ciudadanía”.
Recordaron que al menos 144 periodistas fueron “asesinados entre 1980 y 2015, y una impunidad casi absoluta en estos casos, de acuerdo con la Federación Colombiana de Periodistas”.
Los comunicadores pidieron “al Estado colombiano que actúe para proteger la vida y labor de los periodistas que estamos siendo agredidos, tanto en los medios independientes, alternativos y populares como en las grandes cadenas informativas”.
“El Estado no ha brindado garantías suficientes de derechos humanos en el territorio nacional ni ha hecho lo necesario por salvaguardar la libertad de expresión para quienes ejercemos el oficio del periodismo”, subrayó la denuncia de los periodistas amenazados.
Estas agresiones “no solo atentan contra la democracia y violentan el derecho fundamental a informar y estar informado, sino que buscan limitar la participación de los diferentes sectores sociales en la definición del rumbo del país”.