México, noviembre (SEMlac).- (depositphotos) El último año se contabilizaron 22.904 menores víctimas de violencia vicaria, es decir, la violencia familiar que ha aumentado en un 14,09 por ciento el número de víctimas, entre 2021 y 2022, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Aunque no hay cifras oficiales sobre la violencia vicaria, pues es apenas este 2022 cuando las entidades han comenzado a reconocerla en sus legislaciones, el Frente Nacional Contra la Violencia Vicaria (FNCVV) ha documentado 2.165 de mujeres víctimas en México, en las cuales la capital concentra el 21 por ciento de los casos.
Esta es una más de las violencias contra las mujeres que debe abordarse no sólo desde la perspectiva de género, sino desde el principio del interés superior de niñas, niños y adolescentes, refiere el estudio "La violencia vicaria. Acciones desde el legislativo federal y local para su prevención y erradicación", elaborado por Carla Angélica Gómez Macfarland.
Se específica, en el informe del Instituto Belisario Domínguez (IBD), del Senado de la República, que durante los últimos años la violencia contra las mujeres se ha diversificado. La violencia vicaria es definida como la que se ejerce al utilizar a las hijas, hijos, personas adultas mayores o con discapacidad, mascotas o bienes, causándoles daños o amenazas con perjuicio y para hacer sufrir a las mujeres.
Lo más común es la amenaza a las madres con quitarles la custodia de las y los niños, poblada de insultos, hablar mal de ella, humillarla y amenazar, interrumpir tratamientos médicos o farmacológicos cuando los hay, llevarse a las criaturas o incluso lastimarlas.
Actualmente, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares reconoce a la violencia vicaria como un tipo de violencia contra las mujeres y ordena medidas de protección para las víctimas.
En los últimos años se han reformado diversas leyes para atender este problema. Adicionalmente, en la LXV Legislatura, se han presentado 38 iniciativas de reforma a leyes secundarias relacionadas con la violencia vicaria, entre ellas para incorporar este concepto en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y el Código Civil Federal.
En los estados de la República, la violencia vicaria ya se encuentra regulada en más de 60 ordenamientos locales.
Señala la investigación que es necesario abordar la sanción de este tipo de violencia no sólo desde una perspectiva de género, sino desde un enfoque centrado en el interés superior de niñas, niños y adolescentes.
Además de leyes, se requiere claridad en los procesos conforme al derecho.
Por otra parte, existe una oportunidad contundente en desarrollar una estructura de apoyo eficiente en términos legales, psicológicos y emocionales para las víctimas de violencia vicaria, concluye la segunda encuesta realizada por el Frente Nacional contra la violencia vicaria dada a conocer en mayo de este año.
La indagación precisa que no sólo se observa el hacer cambios y ajustes a la ley, se requiere de una especial atención en las instancias e instituciones que apoyan a las víctimas, mayor y mejor claridad en los procesos, así como un correcto seguimiento a estos conforme a derecho.
Casi en la totalidad de los casos, el agresor presenta ventaja legal y económica en contra de la víctima, lo que la ubica en una situación vulnerable para enfrentar procesos en una condición de igualdad.
Se detectó que nueve de cada 10 agresores han iniciado trámites legales en contra de las víctimas y nueve de cada 10 agresores cuentan con formas de bloquear los procesos legales de las víctimas o recursos que favorecen los fallos a su favor.
De acuerdo con los hallazgos, en 80 por ciento de los casos las víctimas fueron separadas de sus hijos de una forma inesperada, con amenazas previas, sin tener contacto con los menores.
Entre las principales causas por las cuales siete de cada 10 víctimas han denunciado a sus agresores están la sustracción y ocultamiento del o los menores, violencia doméstica, violencia de género, pensión alimenticia, abuso sexual, guarda y custodia, tráfico de influencias, robo, fraude y divorcio.
El 24 por ciento de las víctimas no genera recursos propios para mantenerse, y aunque el casi 80 por ciento de las entrevistadas generan ingresos por ellas mismas, estos no son suficientes para solventar sus gastos familiares, más los procesos legales en contra del agresor.
El tiempo de los procesos, que en promedio oscilan entre uno y 1.5 años, implica que la víctima dedica una tercera parte de una jornada laboral a la semana en atender temas legales, juicios y demás procesos para la recuperación de los menores. Ello genera desgaste emocional, físico y psicológico.
Otro dato importante es que no se sienten protegidas por las autoridades e instancias legales, a las cuales acuden para denunciar la sustracción y la violencia recibida. Autoridades que alientan los procesos y bloquean el seguimiento a los juicios, que en el 48 por ciento de las víctimas enfrenta penales y civiles.
Aun cuando saben a dónde o con quién acudir, las víctimas no cuentan con una orientación correcta de los procesos, las instancias y las instituciones que apoyan y protegen a las víctimas.