México, marzo (SEMlac).- (depositphotos) Por acoso laboral en el país renunciaron 66.581 mujeres a sus trabajos y uno de cuatro despidos es por esta causa, señalan datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Así lo expuso la diputada morenista Beatriz Rojas al pronunciarse a favor de la reforma para prevenir, atender, sancionar y erradicar el acoso y hostigamiento laboral en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Esta reforma fue aprobada por 445 votos a favor, cero en contra y una abstención y establece que corresponderá a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social vigilar que se implementen adecuadamente, al interior de los centros de trabajo, los protocolos para prevenir, atender, sancionar y erradicar el acoso laboral.
La legisladora afirmó que las mujeres continúan enfrentando barreras para ingresar, permanecer y crecer en el mercado laboral y que la impunidad a los agresores y la falta de mecanismos efectivos de denuncia son obstáculos importantes que dificultan la erradicación del hostigamiento y el acoso laboral y sexual.
Precisó que muchas de las mujeres afectadas temen represalias si denuncian estas conductas, lo que contribuye a perpetuar el silencio y la invisibilidad del problema, lo que hace necesario contar con supervisión efectiva y terminar con la impunidad.
Refirió también que la baja participación de ellas en los mercados laborales, remunerados y formales representan una pérdida económica para el país, tanto en ingresos fiscales potenciales como en el valor de la producción que pudo ser generado por ellas.
El hostigamiento y el acoso se expresan mediante el maltrato, la intimidación, discriminación y abuso de poder hacia las mujeres en todos los niveles de jerarquías y en las esferas laborales.
Este tipo de violencia impacta directamente en la salud mental y física, manifestándose en estrés, ansiedad, depresión, baja autoestima, insomnio, dolor de cabeza, problemas gastrointestinales e hipertensión, lo que afecta gravemente su desempeño laboral y ambiente de trabajo.
Las modificaciones aprobadas precisan que las autoridades correspondientes deberán promover condiciones de trabajo libres de acoso y hostigamiento laboral y sexual, a través de protocolos, campañas informativas, capacitación y mecanismos de atención destinados a prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia laboral contra las mujeres.
Asimismo, impulsar y aplicar mecanismos, políticas públicas y protocolos, al respecto en los ámbitos laboral, público y privado.
Por otra parte, Leticia Bonifaz Alfonso, experta del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité CEDAW, por sus siglas en inglés), expresó que México está en un proceso el reconocimiento de los derechos de niñas y mujeres indígenas, a partir de instrumentos jurídicos, nacionales e internacionales, pero consideró necesaria una mayor difusión de estos documentos, como la Recomendación General 39 de la CEDAW.
La Convención sobre todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), fue adoptada el 18 de diciembre de 1979 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. El Estado Mexicano es parte contratante de esta, ya que la firmó el 17 de julio de 1980 y la ratificó el 23 de marzo de 1981. De esta manera, quedó comprometido a nivel internacional y nacional a cumplir con las obligaciones que especifica.
Bonifaz Alfonso señaló que la protección de derechos es algo reciente, porque fue prácticamente en la última década del siglo XX cuando los pueblos y comunidades indígenas recibieron alguna protección. Los diversos órdenes normativos nacionales e internacionales pusieron los ojos sobre los pueblos, mujeres y niñas indígenas, con la ratificación de la Convención de Derechos del Niño, y la Ley de Derechos de Niñas y Niños.
Areli Celeste Fonseca Sánchez, investigadora parlamentaria, indicó que 23.2 millones de personas se autoidentifican como indígenas; de ellas, 51,4 por ciento son mujeres y 48,6 hombres. "Uno de los principales problemas a los que se enfrentan es el hambre".
Afirmó que es necesario visibilizarlas, así como su situación especial de desventaja, y los factores que causan su vulnerabilidad, para darles herramientas que les permitan salir adelante.
La presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, Irma Juan Carlos, de Morena, expresó que se está trabajando de manera coordinada entre las instituciones del Gobierno Federal, la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores y los congresos locales, a fin de impulsar reformas que aún están pendientes para generar políticas públicas que permitan alcanzar esa justicia que se le debe a los pueblos y mujeres indígenas".