Las empresas de outsourcing o de subcontratación son aquellas encargadas de brindar servicios a compañías terceras, donde contratan personal y así sus clientes pueden delegar sus tareas de reclutamiento a terceros.
Actualmente, en México el outsourcing está regulado por los artículos 15 (A,B,C,y D), por parte de la Ley Federal del Trabajo.
En ésta se especifica, este tipo de contratación no podrá abarcar todas las actividades, iguales o similares en su totalidad que se desarrollen en el centro de trabajo y no podrá comprender tareas iguales o similares a las que realizan el resto de los trabajadores al servicio contratante, en todo momento deberán justificarse por su carácter especializado, según el artículo 15-A.
En este sentido, el artículo 15 B y C, estipulan el contrato entre la persona física o moral que solicita los servicios y un contratista, lo cual deberá constar por escrito. Del mismo modo, la empresa contratante deberá cerciorarse acerca de la documentación de la contratista y los elementos propios suficientes para cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones con sus trabajadores.
La empresa contratante de los servicios, deberá cerciorarse permanentemente que la empresa contratista cumpla con las disposiciones aplicables en materia de seguridad, salud y medio ambiente en el trabajo, respecto de los trabajadores de esta última.
Carlos Romero Aranda, procurador fiscal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público expresó recientemente en una conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, en México el outsourcing llevado a cabo de forma ilegal será tomado como delincuencia organizada y habrá sanciones de hasta 14 y 20 años de prisión para las empresas que decidan no rendir cuentas al gobierno.
El presidente de la república y Carlos Romero Aranda dieron a conocer que el gobierno detectó un total de mil 200 empresas con posibles esquemas de subcontratación ilegal, quienes afectan los derechos laborales de un total de 862 mil 489 trabajadores.
Anteriormente, en una entrevista realizada por NotiPress en diciembre de 2019, el diputado federal de Morena, Ulises Murguía Soto, señaló que desarrolló una propuesta para abordar el tema de la subcontratación e impulsar la productividad sin poner en riesgo al trabajador, enfocándose en tres ejes centrales.
La propuesta de Murguía Soto tiene como misión la protección de los derechos laborales, procurar los ingresos adecuados al Gobierno Federal (a través del combate de evasión fiscal) y crear un sistema de certificación de las empresas de outsourcing.
Ulises Murguía Soto, señala que en la triangulación perfecta, es preciso poner al trabajador en la parte alta y tener garantizados todos sus derechos laborales.
El diputado también propone una certificadora compuesta en un 80 por ciento por el sector gubernamental y en un 20 por ciento por el sector empresarial, teniendo como objetivo que a través de esta certificación se pueda calificar a las empresas de subcontratación por medio de un registro en sistemas, de tal modo, saber quienes están facultadas para dar ese servicio.
Esto serviría como herramienta para las empresas, a fin de identificar las buenas prácticas a la hora que contraten los servicios de trabajadores.
"Se habla mucho para atacar a las empresas de subcontratación de ser empresas factureras. Yo corrijo, las empresas factureras no son únicamente las de subcontratación, sino todas aquellas que quieren evadir al fisco.
Todas las empresas que quieren evadir, van a utilizar alguna factura apócrifa.", señala para NotiPress el diputado federal de Morena, Ulises Munguía Soto.
México ha creado diversas iniciativas para abordar de la mejor manera el problema de outsourcing. Los modelos de contratación y subcontratación obligan a diseñar nuevas legislaciones que protejan los derechos laborales de los empleados, sin dejar de impulsar el desarrollo empresarial, así lo expresa Ulises Murguía Soto: "Después del transcurso de 2013 a 2019, los legisladores comenzaron a proponer iniciativas debido a la inconformidad que el outsourcing causaba".
