Ciudad de México, 18 feb (EFE).- El empresario mexicano Daniel Chávez desmintió este viernes que él, su familia o la firma Grupo Vidanta tengan un "relación comercial" con el actual Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en medio del escándalo de uno de los hijos del presidente por su vida lujosa en Estados Unidos.
Grupo Vidanta, consorcio turístico fundado por Chávez, empresario, amigo y asesor del mandatario, recibió en 2020 la ampliación por 15 años de una concesión para ocupar una playa, así como un permiso para construir un teleférico que conectará dos megaproyectos turísticos en los estados de Jalisco y Nayarit, según una reciente investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
Por su parte, Kei Partners es una empresa inmobiliaria fundada en Houston (EE.UU.) por los hijos del fundador de Vidanta y en la que trabaja José Ramón López Beltrán, el hijo mayor de López Obrador, señalado por llevar una vida lujosa en Estados Unidos y de nexos con contratistas del Gobierno.
"Grupo Vidanta, mi familia y yo no tenemos relación comercial o de trabajo de ningún tipo con cualquier nivel de Gobierno o funcionarios públicos", dijo el empresario en un comunicado publicado a toda página en los principales periódicos.
Además, aseguró que durante el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador no se ha solicitado ni se ha recibido ninguna concesión, sino que solo se han "ido actualizando y renovando" los permisos existentes tal y como "marca la norma".
Sin embargo, admitió que sí hay una "excepción", que es un título de concesión otorgado el 19 de abril de 2021.
Agregó que Grupo Vidanta donó unos terrenos a la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) para construir un parque solar, pero "no participará de forma alguna en el proyecto".
"Es falso que tengamos la intención de invertir en Islas Marías", agregó el comunicado, ante el supuesto rumor de los intereses de Grupo Vidanta en este sitio.
Chávez explicó que su cargo honorífico en la obra del Tren Maya consiste "únicamente" en "tener una revisión y medición fidedigna" de los avances de la obra.
"Dejo a salvo nuestro derecho de denunciar por la vía legal a aquellas personas cuyas falsas suposiciones o mentiras causen un daño moral o económico a nuestras personas o empresas", agregó.