A seis años de la reforma laboral aprobada por el Congreso en 2012 esta política falló en su objetivo de combatir la desigualdad de género en el trabajo pues aunque prometió mejorar la protección legal para las empleadas que son víctimas de acoso sexual y discriminadas y a quienes se les exige pruebas forzadas de embarazo para ser contratadas, sus derechos aún son vulnerados.
Así lo señalaron organizaciones integradas en la Red Todos los Derechos para Todas y Todos, quienes a propósito de este 1 de Mayo, Día del Trabajo, aseguraron que en las empresas de manufactura y ensamble, como las de confección, electrónica, automotriz, farmacéutica y aeronáutica, entre otras, se violan los derechos de las trabajadoras.
Al expresar en un comunicado su inconformidad con la política laboral del gobierno mexicano, las organizaciones alegaron que las condiciones laborales de muchas mujeres en el país siguen siendo pésimas, por ejemplo, las empresas son quienes definen el pago por enfermedades de trabajo, lo que implica un conflicto de interés porque los empleadores deciden los montos que deben pagar.
Es por ello que las 84 organizaciones de 23 estados de la República exigieron que no se apruebe una reforma laboral secundaria que perjudique más a la clase trabajadora de este país; por ello pidieron que se organice un debate abierto sobre la política laboral, en el que participen sindicatos democráticos, la ciudadanía y las organizaciones y colectivos que trabajan por los Derechos Humanos laborales.
La Red TDT también argumentó que a 24 años de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) se puede comprobar que las condiciones laborales no mejoraron, sino que se precarizaron.
La Red estimó que las actuales estrategias de renegociación del TLCAN se sustentarían en las mismas líneas: otorgamiento total de facilidades a los mercados transnacionales, abaratamiento de la mano de obra, condiciones laborales precarias, subcontratación, horarios poco estables, y falta de acceso a servicios de salud, entre otras.
Esta política de apertura indiscriminada hacia los comercios y la inversión se podría observar también en el tratado con los países del pacífico (CPTPP) que el Senado acaba de ratificar y en el tratado con Europa (TLCUEM), que está a punto de ser firmado.
Según la Red TDT, es “innegable que las reformas estructurales de esta administración han situado al pueblo de México entre los países con mayor desigualdad”, y que la pobreza afecta en mayor medida a las mujeres.
TRABAJADORAS DEL HOGAR
Por su parte, la entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género, ONU Mujeres destacó que a pesar de que las trabajadoras del hogar contribuyen sustancialmente a la economía, 97 por ciento no tiene acceso a salud pública ni a prestaciones laborales.
La Ley del Seguro Social excluye explícitamente a las y los trabajadores del hogar del acceso a la seguridad social obligatoria y de prestaciones como el uso de guarderías. En México hay 2.4 millones de personas empleadas del hogar, de las cuales el 95 por ciento son mujeres.
Además, la Ley Federal del Trabajo considera la actividad en el hogar como un trabajo especial, lo que permite que sean legales jornadas de 12 horas y restringe ciertos derechos laborales. “Lo anterior constituye un inadmisible trato discriminatorio”, expresó ONU Mujeres en un comunicado.
Es por eso que el organismo internacional junto con la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Organización de Trabajo (OIT) hicieron un llamado a que el Estado mexicano ratifique el Convenio 189 de la OIT que regula el trabajo de las y los trabajadoras del hogar.
Con la ratificación de este convenio México estaría obligado a avanzar en la formalización laboral de esta población y los beneficios de dotar de seguridad social a 10 por ciento de las trabajadoras mexicanas más pobres, se extendería directamente a sus familias y disminuiría la pobreza, según afirmó el organismo.
El Convenio reconoce el trabajo doméstico remunerado como un trabajo con derechos laborales y establece medidas para impedir el abuso y la explotación hacia esta población. Aunque este instrumento internacional fue firmado por México desde 2011, a siete años de distancia, aún no ha sido ratificado por el Senado.
