México, octubre (SEMlac).- (Imagen Ilustrativa/depositphotos) La senadora Olga Sánchez Cordero, presidenta de la Comisión de Justicia, lamentó que la primera conexión que tienen muchas madres con sus hijas e hijos, desde el nacimiento, se vea afectado por la violencia obstétrica por parte de personal médico en instituciones de salud públicas, no sólo por maltrato, sino por coaccionar y realizar procedimientos no autorizados como cesáreas y esterilizaciones.
Refirió que esta violencia contra las mujeres tiene su origen en la cultura patriarcal por lo que planteó, en la iniciativa que acaba de presentar sobre el proyecto de Ley General de Población, el derecho de niñas, niños y adolescentes a la educación sexual y reproductiva, propuesta que, dijo, ha causado escozor y no está siendo aceptada.
Consideró muy importante esa iniciativa para evitar el embarazo infantil en niñas de 10 a 13 años, y el embarazo adolescente en menores de 13 a 17 años, grupos que reportan más de 130.000 nacimientos cada año.
Refirió que 2.5 millones de mujeres mexicanas de 15 a 49 años, que tuvieron hijos entre 2016 y 2021, sufrieron violencia en la atención obstétrica, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi).
Eso significa que cada año del período, como promedio, 500.000 mujeres vivieron violencia obstétrica. Según la ministra en retiro, las cifras están muy por debajo de la realidad, porque este tipo de agresión no es nueva, y muchas veces pasa inadvertida por el contexto social que acostumbra a hombres y mujeres a admitir el sistema patriarcal.
En el ciclo de conferencias "Mujeres por una vida libre de violencia obstétrica", la senadora Sánchez Cordero detalló que esta violencia comienza desde el embarazo, cuando las mujeres no reciben información, se las trata mal y hasta se las ofende; persiste la coerción para recibir y realizar procedimientos que no han sido autorizados, como los casos de cesáreas innecesarias o esterilizaciones sin consentimiento.
La violencia obstétrica constituye una violación a los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres, es un asunto de salud pública y se extiende a los recién nacidos.
"Hace falta crear conciencia, sensibilizar en el tema, brindar información a las madres y que sus decisiones sean tomadas en cuenta desde el embarazo, erradicando las malas prácticas, promoviendo el trato materno y neonatal respetuoso, digno; así como capacitar a los prestadores de servicios de salud y modernizar la atención médica para monitorear y evaluar los servicios de obstetricia e incorporar la perspectiva de género y de derechos humanos al sistema de salud", dijo.
La presidenta de la Comisión de Salud, Lilia Margarita Valdez Martínez, consideró necesario que se aborde este problema y que las instituciones del gobierno tomen acciones para frenar todo tipo de violencia contra las mujeres.
Recordó que presentó una iniciativa -que no avanza- para que las mujeres que se encuentren en trabajo de parto puedan ser acompañadas por un familiar, a fin de evitar violencia obstétrica y las malas prácticas que realiza el personal de la salud.
"Las mujeres en trabajo de parto son muy vulnerables, por eso son blanco de muchas actitudes, humillaciones y hasta regaños del personal de la salud, que repiten una costumbre que no debe ser permitida". valoró.
Luz María Bravo Rodríguez, especialista en ginecología y obstetricia y comisionada en el Centro Médico Nacional "20 de noviembre", destacó que la violencia obstétrica afecta de manera directa o indirecta al cuerpo y los procesos reproductivos de la mujer.
Explicó que se consideran actos de violencia obstétrica no atender eficazmente las emergencias obstétricas, obligar a la mujer a parir con las piernas levantadas, obstaculizar el apego precoz del niño o niña con su madre, sin causa médica justificada, negándole la posibilidad de cargarlo y amamantarlo al nacer, entre otras formas de maltrato o mala praxis.
Úrsula Torres Herrera, especialista en medicina materno fetal en el Instituto Nacional de Perinatología, detalló que las víctimas de violencia en las instituciones pueden ser no sólo las mujeres en trabajo de parto, sino también los familiares y los recién nacidos.
La especialista recomendó que para erradicar este tipo de violencia se requiere capacitación del personal médico de la salud, diseño de presupuestos y espacios de atención materna, brindar información amplia a familiares y pacientes, así como erradicar el maltrato cultural y social en salud reproductiva.
La violencia obstétrica es un delito
En el Código Penal Federal, la violencia obstétrica es un delito. La Ciudad de México tiene el mayor número de reportes de mujeres que sufrieron algún tipo de maltrato en labores de parto, abuso en la medicación para inducir el alumbramiento o práctica innecesaria de cesáreas, tanto en instituciones públicas como privadas, según información del Instituto Nacional de Salud Pública.
Si bien la Constitución Política de la Ciudad de México establece la obligación de las autoridades para adoptar medidas tendientes a evitar y sancionar la violencia obstétrica, la Ley de Salud en la Cudad de México lo incorporó recientemente.
En México, la cesárea, realizada en 45 de cada 100 nacimientos; la episiotomía, usada en un 30 por ciento de los alumbramientos y otras prácticas y conductas abiertamente violentas, subsisten a pesar de la ley, escribió en SEMMéxico la abogada Claudia Espinosa Almaguer.
La situación se ha incorporado al Informe 2020 de la Relatora Especial sobre violencia contra la mujer de la Organización de las Naciones Unidas, respecto a la denuncia de mujeres indígenas de Guerrero sobre comentarios ofensivos y falta de conocimiento de su cultura tradicional durante el embarazo y el parto.
Desde 2017, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación general para que los hospitales, públicos y privados, eviten la violencia obstétrica; resuelvan las dificultades en su personal y sus servicios y respeten los derechos humanos de las parturientas.