Los especialistas en Medicina del Trabajo resaltaron la importancia de reflexionar y hacer un balance sobre la situación en México, donde se padece un “desastre humanitario” en la salud, higiene y seguridad de los empleados, legado por el modelo neoliberal impuesto en las últimas cuatro décadas en el país.
De acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), sólo 31 por ciento de la población trabajadora tiene acceso a la seguridad social, cantidad que representa alrededor de 18 millones de personas, indicaron.
En entrevista, apuntaron que alrededor de mil trabajadores fallecen al año por accidente o enfermedad, lo que da un promedio de tres muertes por día.
“Esto sólo es la punta de iceberg, ya que del 70 por ciento de los trabajadores mexicanos no existen datos estadísticos sobre sus enfermedades y causas de muerte”, dijo Guadalupe Aguilar.
Hizo notar que es la sociedad mexicana la que absorbe los costos de atención tanto de accidentes como de enfermedades del trabajo no registrados.
Subrayó que por desgracia, los trabajadores dejan la vida y la salud en sus centros de trabajo, muestra de este grave problema es que hay “unos tres mil trabajadores jóvenes que resultan amputados en el trabajo; la sordera y enfermedades pulmonares por el trabajo siguen en aumento, a pesar del desarrollo tecnológico.
“Hay presencia de cánceres de origen laboral, como los generados por el asbesto (que México no ha prohibido), el cual genera 500 muertes por mesotelioma pleural y mil por cáncer pulmonar, además del sílice, cromo y otros”, ejemplificó.
Este tipo de enfermedades no están reconocidas como laborales, ya que México no ha firmado más de 70 convenios con la Organización Internacional de Trabajo (OIT) que implican que se hagan políticas públicas para garantizar la salud y seguridad de los trabajadores, aseveró.
Cuauhtémoc Juárez refirió que hay un ocultamiento de los accidentes de trabajo por los servicios médicos de las empresas, lo que provoca un alarmante subregistro que impacta en la economía de los trabajadores y sus familias.
Apuntó que México no ha suscrito el Convenio 139 de la OIT sobre la prevención y el control de los riesgos profesionales causados por las sustancias o agentes cancerígenos.
Tampoco, añadió, el convenio 187 sobre el marco promocional para la seguridad y salud en lo laboral, ni el 189 sobre el trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos.
Ello muestra la precarización y formas de esclavitud del trabajo que viven empleados del sector agrícola, médicos residentes, artesanos y otros, agregó Juárez.
No obstante, dijo, participa en la campaña de la OIT del 28 de abril, para promover el trabajo seguro, saludable y digno, y para rendir “homenaje” a las víctimas de los accidentes laborales y las enfermedades profesionales, lo cual “es una incongruencia”.
Otro asunto relevante, comentó, es la inexistencia en la Ley Federal de Trabajo de la Tabla de Accidentes y Enfermedades de Trabajo, así como la Tabla de Valuación de las mismas, eliminada desde 2014.
Esto, a pesar de que grupos de médicos especialistas y epidemiologos elaboraron durante cuatro años una propuesta para la actualización de las referidas tablas y que fue presentada a los legisladores. Sin embargo, funcionarios de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social la tienen guardadas y congeladas desde 2014.
Los especialistas coincidieron en que es urgente que el actual gobierno incorpore en su agenda y plan de gobierno una política sobre el trabajo digno y saludable para los trabajadores mexicanos.
Para ello, propusieron convocar a un Foro de Salud en el Trabajo, donde participen los profesionales del área, médicos, epidemiologos, ingenieros, trabajadores, sindicatos y abogados, entre otros, incluyendo los legisladores y dependencias implicadas.
“Es necesaria una amplia discusión que genere propuestas de Ley para garantizar el derecho a un trabajo digno y saludable como lo plantea la OIT, así como, impulsar y fortalecer la investigación y la vigilancia de la salud-enfermedad de los trabajadores de todos los sectores”, destacaron.
Los especialistas indicaron que es más que urgente hacer dicha reflexión y promover nuevas leyes, ya que “se están sumando o potencializado los efectos dañinos de los riesgos de trabajo con las enfermedades crónico-degenerativos.
“Esto ya causa la muerte prematura de los trabajadores y contribuye a deteriorar la calidad de vida de éstos y sus familias, con el consecuente impacto social y económico que esto genera”, concluyeron.