Así lo informó la embajada de Estados Unidos en México, quien aseguró que desde 2009 ha apoyado los esfuerzos del gobierno de México para reformar su sistema penal, como parte de un programa más amplio de colaboración en seguridad bajo el marco de la Iniciativa Mérida.
Al respecto, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong felicitó vía Twitter a la delegación del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (Oadprs) “por el exitoso trabajo en San Antonio, Texas, que culminó en la acreditación de cinco centros federales más”.
La representación diplomática precisó en un comunicado que los centros recientemente acreditados son del estado de Guanajuato, lo que representa 60 por ciento del número de cárceles para adultos en la entidad y un paso significativo en el logro de la certificación internacional de todos los centros penitenciarios estatales.
Mencionó que en la Conferencia de Invierno de la ACA se anunció también la reacreditación del Centro de Readaptación Social (Cereso) 2 de Chihuahua, acreditado por vez primera en 2013, lo que demuestra el cumplimiento continuo con los estándares internacionalmente aceptados en operación y gestión carcelaria.
En la conferencia, el director de la Iniciativa Mérida de la Embajada norteamericana en México, Tobin Bradley, aseguró que “la acreditación es el camino para una mejor gestión y mayor seguridad de los centros penitenciarios”.
Subrayó que se ha observado que las fugas e incidentes violentos serios han disminuido drásticamente o han desaparecido en los centros acreditados, mientras que los internos tienen mayor acceso a la alimentación y programas de atención médica y pastoral.
Resaltó que el sistema de prisiones federales y estados, como Guanajuato y Chihuahua, han demostrado que el compromiso para la certificación conduce a grandes mejoras de seguridad en las cárceles y al fortalecimiento del Estado de derecho.
El apoyo a centros penitenciarios de México en el marco de la Iniciativa Mérida abarca la asistencia técnica y desarrollo de capacidades para el logro de la certificación internacional de centros penitenciarios federales y estatales de México, mencionó la representación diplomática.
Recordó que desde 2009, el gobierno de Estados Unidos ha entregado más de 30 millones de dólares para el desarrollo de capacidades, asistencia técnica, y equipamiento para apoyar las reformas al sistema carcelario en México.
Señaló que el gobierno norteamericano planea brindar apoyo a todos los estados en México en el logro de la certificación internacional, con al menos un centro penitenciario estatal para 2021.
De esta forma, las 17 cárceles de México acreditadas o reacreditadas por la ACA fueron los centros federales de Ayala, Morelos; el número 16 CPS de Coatlán del Río, Morelos; el número 1 Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México; el de Mínima Seguridad Aserradero CPIM y el de Bugambilias CPIM, ambas en Islas Marías, Nayarit.
También en Islas Marías, fueron acreditados los Centros Federales de Readaptación Social (Cefereso) de Seguridad Máxima Laguna del Toro CPIM y Morelos CPIM, mientras que las cárceles estatales reconocidas fueron el número 2 de Chihuahua y el Centro de Ejecución de Sanciones Penales Varonil Oriente, Iztapalapa, en la Ciudad de México.
En el mismo caso están los Centros de Readaptación Social (Cereso) Tepexi de Rodríguez y Santa Inés Ahuatempan, en Puebla, el de Internamiento y Ejecución de Medidas para Adolescentes, San José el Alto, en Querétaro, y el Reclusorio Metropolitano de Jalisco Núcleo Penitenciario Puente Grande.
En Guanajuato fueron acreditados los Ceresos de Pénjamo, de Salamanca, de San Felipe, de Acámbaro y la Dirección General de Reintegración Social para Adolescentes, en León.
Los centros penitenciarios en México en busca de certificación de la ACA deben cumplir con 40 estándares básicos obligatorios y con 90 por ciento de los 97 estándares no obligatorios.
Esto en las áreas de seguridad, protección, orden, nutrición y cuidados a la salud, programas y actividades de rehabilitación, administración y gestión, y justicia, además de demostrar el cumplimiento continuo de los estándares durante el periodo de reacreditación de tres años.
De acuerdo con la representación diplomática, la Iniciativa Mérida es un acuerdo de cooperación bilateral entre México y Estados Unidos que desde su firma en 2008, ha conducido a una mayor cooperación entre ambas naciones.
Lo anterior, explicó, porque ha provisto de apoyo tangible a instituciones a cargo del cumplimiento de la ley y judiciales, ha ayudado a contrarrestar el comercio ilícito de estupefacientes y a fortalecer la seguridad fronteriza.
A la fecha, en el marco de la Iniciativa, el gobierno de los Estados Unidos ha entregado más de mil 400 millones de dólares en equipamiento, capacitación, y asistido en el desarrollo de capacidades al gobierno de México, agregó.