A través de su Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA), la CIDH señaló que carece de información oficial.
Agregó que un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), establece que ambas carencias se estarían incrementando “de modo alarmante”.
“Esta situación afecta en particular a las personas, grupos y colectivos en mayor situación de vulnerabilidad y de pobreza, y resulta especialmente grave para niños y niñas, mujeres, pueblos indígenas, afrodescendientes, migrantes, personas privadas de libertad, y personas mayores”, apuntó.
De acuerdo con el informe, el número de personas subalimentadas entre 2014 y 2016 se incrementó en 1.3 millones o 3.9 por ciento, como consecuencia de lo cual un promedio de 4.5 millones de venezolanos estarían alimentándose sólo una vez al día, y en ocasiones cada dos días.
Como resultado de lo anterior, se estima que el 11.4 por ciento de la población infantil se encontraría en situación de desnutrición. En el ámbito de salud, la comisión y la REDESCA dijo que han recibido denuncias constantes sobre la falta de acceso a medicamentos y a tratamientos médicos en Venezuela.
Para fines del 2017 el desabastecimiento de medicinas básicas para enfermedades relacionadas con diabetes, diarrea, hipertensión e infecciones respiratorias agudas se encontraría sobrepasando el 80 por ciento, mientras que entre un 95 y un 100 por ciento de los hospitales no tendrían antirretrovirales a su disposición.
“Resulta de suma preocupación para la CIDH y su REDESCA la información pública disponible sobre la negativa del Estado venezolano a recibir cooperación internacional para paliar la crisis económica y social que atraviesa”, indicó el órgano hemisférico.
Consideró que esa actitud no sólo evidenciaría falta de voluntad de Venezuela para garantizar estos derechos, “sino que además sería contraria a su deber de respeto, ya que estaría obstaculizando la disponibilidad y accesibilidad de medicinas y de alimentos básicos para la población que más lo necesita”.
La comisión expresó su solidaridad con las personas y colectivos que sufren las consecuencias más directas de la crisis económica y social del país, urgió a las autoridades a garantizar este derecho básico, y expresó su rechazo a todo tipo de violencia o abuso de la fuerza, en el marco de manifestaciones en este contexto.
Instó al gobierno, la sociedad civil y partes interesadas a generar y presentar información completa, desagregada y adecuada en el marco de la audiencia pública de oficio que ha sido convocada este mes en esta capital.