Dijo que en materia de justicia lo que más lastima a la sociedad es la impunidad, por lo que consideró que debería hacerse un ajuste en las medias cautelares y sin dejar de visualizar que el imputado tiene derechos humanos, y lo más importante es proteger las garantías individuales de la víctima.
Al participar en el foro “Retos y Perspectivas del Sistema Penal Acusatorio en la Ciudad de México", el ministro presidente consideró que tendrán que hacerse ajustes para evitar que delincuentes peligrosos puedan salir con facilidad de la cárcel.
Sin embargo, dijo que como está el orden de la Constitución, los jueces deben resolver de acuerdo a lo que se establece en la carta magna, que pone énfasis en el respeto de los derechos humanos, pero sin dejar de lado el material probatorio es como se debe resolver.
Entrevistado durante el acto que organizó la Asamblea Legislativa, precisó que el nuevo sistema toma muy en serio el respeto a los derechos humanos, partiendo de estándares internacionales.
Remarcó que más allá de que se esté de acuerdo o no con la actual legislación, lo cierto es que todas las instituciones gubernamentales y en particular las encargadas de impartir justicia están obligadas a cumplir con el mandato constitucional.
Subrayó que en materia de capacitación, el tribunal de justicia capitalino ha hecho un esfuerzo para que los jueces conozcan a fondo el actual sistema penal acusatorio, y que exista conciencia de que es un sistema integral, donde todas las partes que participan en el proceso legal deben asumir sus responsabilidades.
Advirtió que si alguna de las partes falla, el sistema como tal fracasa; por ello es muy importante entender las nuevas figuras procesales como “el principio de presunción de inocencia, la reparación del daño".
Además, "se crean nuevas figuras y mecanismos procesales como los servicios previos al juicio, los medios alternativos de solución de controversias, las suspensiones condicionales del proceso y los procedimientos especiales, detalló.
Ya en su discurso, Pérez Juárez subrayó que el nuevo sistema parte de la tesis que sostiene las Naciones Unidas, donde persiste un consenso mundial en favor de la reinserción social y la integración profesional en el mercado de trabajo de las personas en conflicto con la ley penal.
“Si bien es cierto que el Sistema es perfectible, su operación representa un paso sólido en el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado Mexicano en la materia. No obstante éste no puede ser un paso aislado, se debe avanzar hasta consolidar el proceso de democratización de la justicia en materia penal”, agregó.