De acuerdo con un estudio del “Instituto Belisario Domínguez” del Senado de la República, el robo de identidad es la apropiación o usurpación de datos y documentos de identificación de una persona, para fabricar con ellos documentos de identidad, o bien, generar condiciones mínimas de identidad que sirvan como plataforma para realizar, en perjuicio de la víctima, todo tipo de operaciones delictivas.
Al respecto, el senador Arturo Zamora Jiménez comentó en entrevista con Notimex que entre los delitos derivados del robo de identidad están los retiros de efectivo por medio del uso de tarjetas de crédito o débito fabricadas por los propios delincuentes con base en los datos de identidad usurpados.
“Compras en línea o pago de servicios con cargo a tarjetas adulteradas; créditos personales o automotrices con cargo a la víctima; transmisión ilícita de propiedades inmobiliarias; altas de personas ajenas ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para que sea la víctima quien resulte responsable de evasión de impuestos”, apuntó el senador del PRI.
Recientemente la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (CONDUSEF) dio a conocer que durante el año 2011 atendió 4 mil quejas por presunto robo de identidad, cifra que se elevó a 10 mil durante 2015. En todo el sistema bancario mexicano se presentaron 59 mil 250 quejas por eventos de esa misma naturaleza el año pasado.
Asimismo, la CONDUSEF señaló que, si se sumaran todos los casos que tienen relación con el robo o usurpación de identidad de usuarios en los servicios financieros, las quejas podrían llegar a más de 100 mil. El monto de las reclamaciones por este delito, vinculado a los servicios financieros, en 2014 representó 762 millones de pesos, mientras que en el año 2015 aumentó a 976 millones de pesos.
En el ámbito del Poder Legislativo se han presentado del 2009 a 2016 por lo menos 11 iniciativas en ambas cámaras con el objeto de regular a nivel federal el robo de identidad. De ellas, solamente una sido aprobada.
De la misma forma el Senado de la República aprobó en febrero del 2016 un exhorto al SAT, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), a la CONDUSEF y a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON), a coordinarse para combatir el “robo de identidad” en el país.
En respuesta a esta solicitud, el día 18 de febrero de 2016, se firmó el documento denominado Bases de colaboración para inhibir la suplantación de identidad a través del sistema financiero en México, donde participa el Instituto Nacional Electoral (INE) quien apoya a las instituciones bancarias y financieras para determinar casos de falsificación de credenciales para votar.
Zamora Jiménez indicó que si bien existen avances al combate de este delito, México sigue ocupando el “nada honroso octavo lugar mundial” en robo de identidad, por lo que presentó en abril del 2016 una reforma penal integral para sancionar hasta con 12 años de cárcel este tipo de conductas.
La iniciativa, que aún no es dictaminada, tipifica nuevas conductas delictivas como el llamado “phishing” que es un término informático con que se denomina la obtención fraudulenta de datos de identidad por parte de los delincuentes.
El “skimming” que consiste en la clonación de tarjetas de crédito o débito, a través del dispositivo llamado Skimmer; y el “pharming” que consiste en sembrar páginas web falsas pero idénticas a las páginas confiables de los usuarios, para que en ellas las víctimas entreguen de buena fe sus datos de identidad.
Arturo Zamora agregó que en la iniciativa se expone que se entenderá por datos de identidad “toda información específica o sensible, habida en cualquier soporte, sistema o repositorio, susceptible de ser utilizada conjunta o separadamente con otra información, para identificar o pretender identificar a una persona física, viva o fallecida”.
La iniciativa plantea derogar el Capítulo XI de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, denominado De los Delitos en Materia del Tratamiento Indebido de Datos Personales, y adicionar un Título Vigésimo Séptimo al Libro Segundo del Código Penal Federal, denominado Delitos contra la Identidad de las Personas.
El senador por Jalisco reconoció que al no existir en nuestra legislación un modelo integral en contra de estos delitos se permiten lagunas e impunidad, por lo que es urgente que el Congreso de la Unión avance en reformas en contra de prácticas como el robo o mal uso del Listado Nominal del INE, como ha ocurrido recientemente, en que se han publicado en sitios o empresas extranjeras los datos de millones de mexicanos.