Por ello impulsa un punto de acuerdo para poner en marcha un método de control, revisión y supervisión en el Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras, a fin de salvaguardar el interés superior de la niñez y garantizar la protección de menores beneficiarios.
También pidió que el mecanismo no sea parte del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y establecer a través de la Secretaría de Bienestar los requisitos a cubrir por los particulares que pretendan brindar los cuidados a los menores en dicho programa, y las sanciones que se aplicarían a madres, padres o tutores que hagan mal uso del apoyo económico.
La legisladora de Morena mencionó que recientemente el gobierno federal decidió modificar el esquema de operación de las estancias infantiles, el cual implica que la entrega de los recursos destinados a este programa se haga directamente a madres y padres beneficiarios.
Sin embargo, aclaró, “no se garantiza quién se hará cargo de revisar el cuidado de los menores y tampoco un esquema que garantice la evaluación y revisión de las personas que tendrán a su cargo el cuidado de las y los niños".
Consideró que las bases del programa se contraponen con lo establecido referente a la corrupción de las estancias infantiles, en el sentido de poner como opción las que han infringido las reglas de operación del programa correspondientes a 2018.
“Si bien es cierto que no todas presentaron condiciones de corrupción, no advierten un método sobre la identificación de las que sí cumplieron lícitamente en sus servicios”, comentó González Castañeda.
Subrayó que la dependencia federal omitió garantizar la seguridad de los menores hijos e hijas de las madres trabajadoras, “al no proponer un sistema que garantice la vigilancia y protección para los menores cuyas mamás hayan optado por dejarlos al cuidado de un familiar o persona de su confianza, violando con esto el interés superior del menor, consagrado constitucional e internacionalmente”.
Por lo tanto, dijo, se tiene que salvaguardar el interés superior de la niñez, y el Poder Ejecutivo federal debe llevar a cabo una investigación exhaustiva de los actos de corrupción relacionados con un programa que beneficia directamente a niñas y niños del país, enfatizó.