Operación de nuevos juzgados por reforma penal requiere inversión

México, 5 Nov (Notimex).- El funcionamiento de nuevos juzgados en el país derivado de la reforma penal, requerirá de inversión presupuestaria permanente que deben tomar en cuenta autoridades hacendarias, advirtió el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), Edgar Elías Azar.

Al participar en la celebración regional del Segundo Certamen Nacional Universitario Conatrib, aseveró que actualmente no están dadas las condiciones habilitantes de infraestructura y recursos humanos frente a la carga de trabajo que se espera.

“Qué bueno que tengamos los ojos puestos en la implementación, pero no subestimemos la dificultad de operación, que es lo que hará del nuevo modelo una estructura confiable para la ciudadanía”, afirmó el también titular de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de los Estados Unidos Mexicanos (Conatrib).

Elías Azar sostuvo que la autoridades en materia hacendaria y presupuestaria deben considerar una inversión permanente para que los juzgados y juzgadores que se requerirán en el nuevo sistema de justicia penal puedan operar.

Si bien las competencias profesionales en materia de oralidad son el primer requisito para que el nuevo sistema penal funcione adecuadamente, ello no es suficiente para una óptima implementación, y mucho menos una exitosa operación del sistema jurídico ordenado por mandato constitucional.

En ese sentido, indicó, los tribunales sufren en forma permanente los embates de la autoridad presupuestal y los recortes financieros a los que obligan circunstancias coyunturales.

Por ello, Elías Azar insistió en que hace falta de manera apremiante, una fuerte inversión de recursos de toda índole, para consolidar la implementación del nuevo sistema en las entidades federativas.

Los operadores judiciales despliegan esfuerzos para cumplir con el mandato de dar a la sociedad un nuevo sistema de justicia, pero también urge que las instituciones de educación superior actualicen los planes de estudio de la carrera de derecho, para responder al reto.

“La incorporación activa de las universidades en las transformaciones institucionales dan una perspectiva científica y un respaldo de autoridad que, a final, se traduce en mayor comprensión ciudadana y respaldo popular a los cambios”, puntualizó.