"La 'Cuarta Transformación' (eslógan del Gobierno de López Obrador) solo ofrece simulaciones, desprecio, discriminación y una nula volundad para resolver nuestras demandas en el campo y la ciudad", expresó el grupo en un comunicado distribuido en las inmediaciones del edificio, ubicado en el sur de la ciudad.
Sus exigencias desde el primer día de la toma giran entorno al derecho a la vivienda digna, la salud, la educación y el trabajo.
También denunciaron otros problemas de los pueblos originarios del país, como la violencia en sus comunidades, el despojo de sus tierras y la construcción de grandes obras de infraestructura impulsadas por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, como el Tren Maya en el sureste de México.
En el edificio, que luce tapizado de carteles del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), la exguerrilla indigenista que se levantó contra el Estado en 1994, los manifestantes sacaron al exterior expedientes y otros documentos que quemaron reclamando diálogo y acciones contundentes con respecto a sus reclamos.
Además, recordaron la importancia de los pueblos indígenas de cara a las elecciones del próximo 6 de junio, en las que 94 millones de mexicanos están llamados a las urnas para elegir a los 500 diputados federales, 15 de 32 gobernadores estatales, 30 congresos locales y 1.900 ayuntamientos, en lo que se consideran las elecciones más grandes del país.
"Denunciamos que frente a tantos desprecios e indiferencia para atender las demandas de la comunidad indígena Otomí (...) vemos que contrasta el olvido a los pueblos indígenas con el proceso electoral que se avecina", expusieron, a la vez que criticaron el gasto electoral, que consideraron excesivo.
Por esto, desde la toma del INPI exigieron la expropiación de varios edificios ocupados por otomíes y la solución inmediata de problemas de luz, agua e infraestructura de los indígenas otomíes de Santiago Mexquititlán, pueblo ubicado en el estado de Querétaro.
Según indicaron, mantendrán un plantón fuera de las instalaciones del INPI mientras sus demandas no sean atendidas.
Con la toma del INPI, tres edificios de Gobierno fueron tomados el año pasado. El primero fue la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), por parte de familiares de desaparecidos, y la segunda, una sede de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), por parte de madres de víctimas de feminicidios.