Aún pendiente, reforma al Código de Justicia Militar: AI

México, DF.- 10 Ene 14.- La detención y procesamiento por la justicia civil de cuatro integrantes de las fuerzas armadas acusados de tortura y violencia sexual contra las indígenas tlapanecas Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega, supone un importante paso hacia la justicia para las víctimas, afirmó Amnistía Internacional (AI).

En un comunicado, la organización reconoció que este es un paso importante pero recordó que aún está pendiente el deber de reformar el artículo 57 del Código de Justicia Militar para asegurar que todas las violaciones a Derechos Humanos (DH) cometidas por fuerzas castrenses sean investigadas y juzgadas en el fuero civil.

De acuerdo con AI, la detención y consignación a finales de 2013 fue resultado del proceso judicial que ambas mujeres emprendieron desde 2002, mismo que al ser conducido en el ámbito de la justicia militar fracasó a la hora de realizar una investigación eficaz, y no logró que ninguna persona rindiera cuentas por estos abusos.

AI destacó que ante la negación al acceso a la justicia, las dos mujeres acudieron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), tribunal que en 2010 emitió dos sentencias en contra el Estado Mexicano en donde ordenó, entre otras medidas, realizar una investigación en el ámbito de la justicia civil.

“El procesamiento de cuatro miembros de las fuerzas armadas implicados en estas graves violaciones es un paso importante en el cumplimiento de estas sentencias. Es el resultado de la larga lucha de las dos mujeres y otros defensores y defensoras de los DH quienes las han acompañado”, declaró la organización.

Además agregó que es evidente que en este caso la Procuraduría General de la República (PGR) se empeñó en establecer la verdad y justicia para las víctimas de violaciones de DH, lo que puede empezar a romper el círculo vicioso de la impunidad que alienta nuevas agresiones de esta naturaleza.

No obstante, llamó al Poder Judicial de la Federación a realizar un proceso conforme a las normas internacionales del derecho a un juicio justo, efectivo e imparcial. Esto, dijo, incluye el respeto de la presunción de inocencia de los acusados ante un tribunal imparcial que proteja los derechos tanto de las víctimas como los acusados.