En riesgo, pensiones de más de tres mil burócratas yucatecos

Mérida, 7 Nov (Notimex).- Más de 12 años de malos manejos financieros y el desvío de más de dos mil millones de pesos de cuotas cobradas a los trabajadores del gobierno de Yucatán, tienen al borde del colapso al sistema de pensiones del gobierno yucateco.

En 2023, ni las aportaciones ordinarias del gobierno ni las cuotas que se le descuentan quincenalmente a los trabajadores serán suficientes para cumplir el pago total a los más de tres mil burócratas pensionados que se calcula habrá ese año.

Esa pensión es otorgada por del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (Isstey), instancia creada alrededor de 1970 para garantizar los servicios de seguridad y prestaciones a los burócratas estatales.

Cabe destacar que actualmente hay poco más de dos mil 400 pensionados que reciben una pensión promedio de 16 mil pesos mensuales, según cifras entregadas a Notimex por el gobierno del estado.

Este 2019 el Isstey tuvo egresos por mil 523 millones 580 mil pesos, lo que aún le permite cubrir los pagos de los jubilados; sin embargo, conforme crezca el número de pensiones ni las aportaciones ordinarias ni el pago de las cuotas podrá evitar un mayor déficit en sus finanzas.

Y es que además, el gobierno del estado acumula ya un adeudo multimillonario de más de dos mil 80 millones de pesos de cuotas que fueron cobradas a los trabajadores, pero que nunca llegaron a las arcas del Isstey.

Según denuncia la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso local, la deuda fue heredada por el gobierno de Ivonne Ortega Pacheco, pues su antecesor, el panista Patricio Patrón Laviada, había liquidado todo adeudo con el Isstey.

En la administración de Rolando Zapata Bello tampoco se pagó el adeudo de más de dos mil millones de pesos de las cuotas que fueron cobradas pero que no llegaron al Isstey.

A cambio, Zapata Bello dejó como garantía de pago a la institución unos terrenos que forman parte de la reserva estatal, colindantes al municipio de Ucú.

Sin embargo, el consejero jurídico del gobierno estatal, Mauricio Tapan Silveira, explicó que ni vendiendo esas tierras, ni todos los activos del Isstey, se podrá garantizar el pago total de las pensiones del instituto en los próximos años.

El “boquete financiero” que dejaron las anteriores administraciones y el esquema con el que hoy se pagan las pensiones hace que simple y sencillamente en unos cuantos años, el Isstey sea financieramente insostenible", precisó en entrevista.

“Si no se cambia el marco legal en el corto plazo, el instituto se devorará un presupuesto mayor que el de Mérida, que actualmente es de unos tres mil 500 millones de pesos al año”, precisó.

De tal modo, en el 2030, el Isstey podría necesitar recursos por más de 20 mil millones de pesos al año, lo que amenazará con paralizar a todo el gobierno, comenzando con la obra pública.

El consejero comentó que Yucatán, junto con Chiapas y Nayarit, son las únicas entidades del país que no han adaptado sus sistemas de pensiones y sueldos a las “nuevas realidades”.

“La inminente quiebra del Isstey se vislumbra en 2021, y su funcionamiento se podría estirar hasta 2028, ya después será imposible cumplir con los compromisos que adquirirá el Instituto”, insistió.

A pesar de este panorama, hasta este mes no existía una sola denuncia ante ninguna autoridad ni contra ningún ex servidor o servidor público por la desaparición de más dos mil millones de pesos que se cobraron pero que no se pagaron al Isstey.

Fue apenas hace tres días que los diputados de la bancada del PAN asistieron a la Auditoria Superior del Estado de Yucatán para denunciar el multimillonario desfalcó de las cuotas de los trabajadores.

Esa misma instancia recibió en enero de este año por lo menos otras 33 denuncias por supuestos desvíos de más de 550 millones de pesos en las finanzas estatales por parte de la Contraloría del Estado, pero hasta ahora no hay información del avance de las indagatorias.



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