Lo anterior permitirá que se activen todos los mecanismos y políticas públicas para hacer efectiva esa paridad, dijo al participar en el Foro “Igualdad de Derechos y Paridad de Género en la Agenda Internacional. Avances y retos del sistema mexicano de justicia electoral”.
Al moderar las actividades del Panel 1. México, la Agenda 2030 y los Objetivos de desarrollo sostenible para lograr la paridad de género, subrayó que lo que se tiene que buscar es que esa igualdad se asuma, se interiorice y se genere de manera lo más natural y armoniosa posible.
Por su parte, el magistrado electoral Felipe de la Mata Pizaña indicó que es necesario que cada uno tome el papel que le corresponde en esta tarea, pero además debe estar capacitado y sensibilizado para rechazar cualquier aspecto que atente contra los derechos humanos de las mujeres.
Lo anterior, dijo, porque sólo de esta manera se llevarán a cabo acciones encaminadas a tutelar el ejercicio de sus derechos político-electorales y su empoderamiento.
Señaló que la paridad de género es por sí misma un derecho humano, un fin, una meta, pero “antes que nada es una obligación de nuestra sociedad. No debemos bajar los brazos hasta alcanzarla”, afirmó.
La consejera Adriana Margarita Favela, del Instituto Nacional Electoral, dijo que en México se ha cumplido y avanzado con los objetivos de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible para lograr la paridad de género, en especial con lo que tiene que ver con la materia electoral.
Sin embargo, en lo que se refiere a eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos públicos y privados, es donde falta avanzar de manera considerable, subrayó.
“Obviamente, el reto mayor que tenemos en la actualidad es que así como se ha aumentado la participación de las mujeres en los cargos de elección popular, lo cierto es que también se ha incrementado la violencia política en su contra y no es que sea un fenómeno nuevo”, dijo.
En su turno, la titular del área de Derechos Humanos de la Suprema Corte, Leticia Bonifaz Alfonzo, aseguró respecto a los avances en la materia, que “no basta decir ya existe la ley y ya está la paridad o los avances que hayamos tenido, sino detallar cómo se están instrumentando realmente”.
La representante de ONU-Mujeres en México, Ana Güezmes García, sostuvo que no basta con alcanzar la paridad, sino que hace falta trabajar en el cambio cultural, en que los mecanismos sean eficaces y realmente se elimine la discriminación en la ley y también la de facto.
La presidenta de la Sala Superior, Janine M. Otálora, destacó el avance logrado en la protección de los derechos político-electorales en los pueblos y comunidades indígenas, en especial, en lo que se refiere a la creación de la suplencia de la queja a la que pueden recurrir sus pobladores.
Por su parte, la titular de la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas, Marina Martha López Santiago, detalló que de mayo a la fecha han recibido 120 solicitudes de asesoría, de las cuales 81 se han atendido como asesoría electoral y 37 como defensa electoral.
En su turno, el fiscal Especializado para la Atención de Delitos Electorales, Santiago Nieto Castillo, informó que la Fiscalía tienen15 casos de violencia política en contra de las mujeres en comunidades indígenas, que engloban a varios municipios de Chiapas.
Refirió la importancia de discutir la actuación de las autoridades y los partidos políticos, porque en ocasiones son los que a nivel local impiden que haya una renovación de élites, incluyendo la participación de más mujeres en el ejercicio del poder.