Guadalajara, 30 Sep. (Notimex).- El rector de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, dijo que es indispensable que las instituciones de educación superior ajusten y modifiquen programas de estudio de abogado para adaptarlos a la demanda de la reforma constitucional sobre los juicios orales.
Agregó que lo anterior para garantizar que los egresados cuenten con conocimientos y habilidades suficientes para su adecuado ejercicio profesional.
Indicó que la reforma constitucional, que entra en funciones plenas en 2016, “representa un desafío para instrumentar el nuevo sistema penal acusatorio en el orden nacional”.
“En cuyos principios se encuentra la habilitación de juicios orales, mecanismos alternativos de resolución de controversias, protección de derechos humanos de los inculpados y el fortalecimiento de la previsión del delito y el sistema nacional de seguridad pública, entre otros aspectos”, apuntó.
Expresó que a partir de esta reforma el procedimiento penal “transita de inquisitorio a acusatorio y oral, lo que implica una nueva concepción de la administración y organización de los tribunales y fiscalías y de los diversos actores del sistema: jueces, ministerios públicos, defensores, trabajadores sociales, psicólogos, entre otros”.
Mencionó que ayer lunes se instalaron dos comités para la puesta en práctica del Sistema Acusatorio Adversarial y la actualización del programa de estudios de abogado de la Universidad de Guadalajara.
Detalló que el Comité técnico de apoyo está conformado por la estructura directiva de los centros universitarios, docentes y especialistas en derecho.
Añadió que el Comité curricular está integrado por 20 representantes de los 10 centros universitarios que ofrecen el programa en la Red Universitaria.
Precisó que los trabajos implican la incorporación de los planes de estudio al nuevo sistema, la certificación y programas de especialización para los profesores, acreditación o certificación de abogados egresados que deben actualizarse y la capacitación para el trabajo de mediación por este nuevo sistema.
Afirmó que la carrera de abogado es una de las más grandes de la Red, cuenta con una matrícula de poco más de 11 mil 200 estudiantes.
Subrayó que en los centros universitarios ya se tienen seis salas de juicios orales completas y se trabaja en terminar las otras cuatro, “se continúa con la capacitación de jueces y será posible certificar abogados en cuanto se tenga el registro”.
A su vez, el director de la División de Estudios Jurídicos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH), José de Jesús Covarrubias Dueñas, indicó que el impacto de las reformas constitucionales, más el nuevo sistema de justicia penal, “aportan el contexto de la urgente necesidad de actualizarnos y volver a poner a la vanguardia a la UdeG”.
Agregó que lo anterior para garantizar que los egresados cuenten con conocimientos y habilidades suficientes para su adecuado ejercicio profesional.
Indicó que la reforma constitucional, que entra en funciones plenas en 2016, “representa un desafío para instrumentar el nuevo sistema penal acusatorio en el orden nacional”.
“En cuyos principios se encuentra la habilitación de juicios orales, mecanismos alternativos de resolución de controversias, protección de derechos humanos de los inculpados y el fortalecimiento de la previsión del delito y el sistema nacional de seguridad pública, entre otros aspectos”, apuntó.
Expresó que a partir de esta reforma el procedimiento penal “transita de inquisitorio a acusatorio y oral, lo que implica una nueva concepción de la administración y organización de los tribunales y fiscalías y de los diversos actores del sistema: jueces, ministerios públicos, defensores, trabajadores sociales, psicólogos, entre otros”.
Mencionó que ayer lunes se instalaron dos comités para la puesta en práctica del Sistema Acusatorio Adversarial y la actualización del programa de estudios de abogado de la Universidad de Guadalajara.
Detalló que el Comité técnico de apoyo está conformado por la estructura directiva de los centros universitarios, docentes y especialistas en derecho.
Añadió que el Comité curricular está integrado por 20 representantes de los 10 centros universitarios que ofrecen el programa en la Red Universitaria.
Precisó que los trabajos implican la incorporación de los planes de estudio al nuevo sistema, la certificación y programas de especialización para los profesores, acreditación o certificación de abogados egresados que deben actualizarse y la capacitación para el trabajo de mediación por este nuevo sistema.
Afirmó que la carrera de abogado es una de las más grandes de la Red, cuenta con una matrícula de poco más de 11 mil 200 estudiantes.
Subrayó que en los centros universitarios ya se tienen seis salas de juicios orales completas y se trabaja en terminar las otras cuatro, “se continúa con la capacitación de jueces y será posible certificar abogados en cuanto se tenga el registro”.
A su vez, el director de la División de Estudios Jurídicos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH), José de Jesús Covarrubias Dueñas, indicó que el impacto de las reformas constitucionales, más el nuevo sistema de justicia penal, “aportan el contexto de la urgente necesidad de actualizarnos y volver a poner a la vanguardia a la UdeG”.