Guadalajara, 31 Oct. (Notimex).- La Ley General de Víctimas rompe paradigmas, pues favorece la protección de los derechos de la víctima y no del presunto responsable de un delito, con lo que el Estado salda una deuda social y política a favor de la sociedad, afirmó el presidente de la CEDHJ, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián.
El titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) participó en un foro Consulta ciudadana sobre la Ley de Atención de Víctimas del estado, organizado de manera coordinada por el Congreso del Estado y la Comisión.
Habló de la importancia de esta iniciativa de ley de corte humanista, que fundamentalmente brindará protección a víctimas de delitos y de violaciones de sus derechos humanos.
Recordó que la Ley General de Víctimas, de orden federal, así como otras leyes que entraron en vigor recientemente, recogen la esencia del derecho internacional de los derechos humanos.
"Especialmente los contenidos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con lo que se interpreta que son humanistas y de avanzada en materia de protección a víctimas", dijo.
El ombudsman resaltó la directriz de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que establece que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son obligatorias en nuestro país, aun cuando no estén dirigidas a México; es decir, son criterios jurisdiccionales obligatorios para el Estado.
Añadió que esta normativa permite al estado a escala nacional reparar con inmediatez los daños generados durante la comisión de un delito o de violación de derechos humanos.
También lo obliga a garantizar la no repetición de ese tipo de acciones u omisiones, por lo que debe modificar políticas públicas y prácticas administrativas.
Asimismo, dijo, podrá exigir el mismo compromiso al servidor público o particular que realice funciones públicas concesionadas o subrogadas, como responsable de algún perjuicio.
Reiteró que se podrá exigir la reparación del daño al Estado por casos de violencia intrafamiliar o escolar, incluso en planteles particulares, si se demuestra que la autoridad no tomó las medidas necesarias para prevenir tanto el delito como las violaciones de los derechos humanos.
"Con una Ley de Atención a Víctimas en Jalisco, en armonía con la Ley General de Víctimas, las personas y comunidades que lo requieran serán atendidas con prontitud y la reparación del daño, sea material o intangible y de manera integral, será inmediata, sin que sea necesario acudir a instancias federales", insistió.
El titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) participó en un foro Consulta ciudadana sobre la Ley de Atención de Víctimas del estado, organizado de manera coordinada por el Congreso del Estado y la Comisión.
Habló de la importancia de esta iniciativa de ley de corte humanista, que fundamentalmente brindará protección a víctimas de delitos y de violaciones de sus derechos humanos.
Recordó que la Ley General de Víctimas, de orden federal, así como otras leyes que entraron en vigor recientemente, recogen la esencia del derecho internacional de los derechos humanos.
"Especialmente los contenidos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con lo que se interpreta que son humanistas y de avanzada en materia de protección a víctimas", dijo.
El ombudsman resaltó la directriz de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que establece que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son obligatorias en nuestro país, aun cuando no estén dirigidas a México; es decir, son criterios jurisdiccionales obligatorios para el Estado.
Añadió que esta normativa permite al estado a escala nacional reparar con inmediatez los daños generados durante la comisión de un delito o de violación de derechos humanos.
También lo obliga a garantizar la no repetición de ese tipo de acciones u omisiones, por lo que debe modificar políticas públicas y prácticas administrativas.
Asimismo, dijo, podrá exigir el mismo compromiso al servidor público o particular que realice funciones públicas concesionadas o subrogadas, como responsable de algún perjuicio.
Reiteró que se podrá exigir la reparación del daño al Estado por casos de violencia intrafamiliar o escolar, incluso en planteles particulares, si se demuestra que la autoridad no tomó las medidas necesarias para prevenir tanto el delito como las violaciones de los derechos humanos.
"Con una Ley de Atención a Víctimas en Jalisco, en armonía con la Ley General de Víctimas, las personas y comunidades que lo requieran serán atendidas con prontitud y la reparación del daño, sea material o intangible y de manera integral, será inmediata, sin que sea necesario acudir a instancias federales", insistió.