Por octava vez, proyecto de interrupción voluntaria de embarazo

Buenos Aires, 5 Junio (SEMlac).- El pasado 28 de mayo, Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, la marea verde de Argentina tomó las calles reclamando la legalización del aborto. Parece que la negativa obtenida el año pasado, lejos de detener la marea verde, la convirtió en un tsunami arrasador que se visibiliza en todo el mundo.

En las tempranas horas de ese día, algunos pañuelos celestes anti derechos intentaron intervenir el paisaje, pero quedaron opacados por la fuerza abortera, que logró teñir las calles de varias ciudades de este país.

Melanie es una joven de 16 años que, junto a sus compañeras de escuela, viaja en la línea del subte hacia el Congreso de la Nación. Son las 15 horas y ante la mirada de esta periodista, ella se acerca a decir: "Nadie tiene derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. No es No. Les pibes tienen derecho a vivir con derechos plenos".

Ella vive en Florida y concurre a una escuela pública. Relata que "hablamos poco de Educación Sexual Integral pero hay "muches" profes que sí lo hacen y nos respetan". Melanie, al igual que sus amigas, habla con la "e" inclusiva que invita a desordenarlo todo, todo.

A las 15.15 horas, en el subte se escucha un cántico que viene de otro vagón: "aborto legal en el hospital". El grito que llega como un susurro pronto se apodera de la mayoría de los pasajeros. En la ciudad de Buenos Aires, estos instantes ya son una confluencia de folclor feminista y de un grito doloroso que recuerda la sangre que se lleva la clandestinidad.

Esta es la octava vez que se presenta el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo. En esta oportunidad, lleva las firmas de la diputada nacional Victoria Donda, Brenda Austin, Mónica Macha, Romina del Pla, Cecilia Moreau, Carla Carrizo, Daniel Lipovetzky, Araceli Ferreyra, Mónica Schlotthauer, Nicolás del Caño, Carolina Moises, Daniel Filmus, Mayra Mendoza, Silvia Lospennato y Hugo Yasky.

El texto recupera los intercambios que se realizaron el año pasado durante el debate realizado en el Congreso de la Nación. Esta nueva propuesta apela al concepto de "salud integral" que debe interpretarse conforme a la definición que establece la Organización Mundial de la Salud (OMS); que no solo habla de las mujeres, sino también de otras identidades con capacidad de gestar con derecho a decidir voluntariamente y acceder a la interrupción de su embarazo hasta las 14 semanas, inclusive, del proceso gestacional".

Además, en su artículo siete refiere que una vez realizada la solicitud de interrupción voluntaria del embarazo, el establecimiento de salud debe garantizar asesorías a aquellas mujeres o personas gestantes que así lo requieran. Las asesorías darán información sobre el procedimiento que se llevará a cabo y los cuidados posteriores necesarios.

En cuanto a profesionales de la salud, el nuevo proyecto propone incorporar el artículo 85 bis del Código Penal: la pena de prisión de tres meses a un año e inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena, a la autoridad de un establecimiento de salud, profesional o personal de la salud que dilatare injustificadamente, obstaculizare o se negare a practicar un aborto en los casos legalmente autorizados.

En caso de que la negativa de realizar el aborto hubiera generado daños en la salud de la mujer o persona gestante, se establece una pena de uno a tres años de prisión. Y, en caso de que esa conducta resultara la muerte de la mujer o persona gestante, la pena se elevará a cinco años de prisión.