La iniciativa solicita modificar los artículos 342, 344 y 345 del actual Código Penal chileno para agregar la frase "después de las 14 semanas de gestación", lo que permitirá a las mujeres interrumpir su embarazo "por decisión propia" en el plazo mencionado, sin importar la causal y sin repercusiones legales.
Tras calificar la jornada de un día de gran alegría por la presentación de la moción, Gloria Maira, vocera de la Mesa Acción por el Aborto en Chile, indicó que "la autonomía reproductiva de la mujer no puede ser materia de derecho penal, tiene que ver con una política pública y esa, en países democráticos, dice que las mujeres podemos decidir sobre nuestra reproducción".
Se destacó que las mujeres se ven expuestas a ser denunciadas por instituciones médicas o personal de salud que no cumplen con sus obligaciones y no respetan la existente Ley 21.030, que permite a las mujeres abortar por tres causales: riesgo de vida de la mujer; inviabilidad del feto y por violación que entró en vigor al país austral a finales de 2017.
Agregó que estas tres causales apenas cubren el tres por ciento de las interrupciones de embarazos en el país, mientras que el 97 por ciento restante son realizadas en condiciones inseguras y con el temor a la penalización y estigmatización de la sociedad.
Se puntualizó que este proyecto comenzó a desarrollarse después de la aprobación de la "Ley de Aborto por 3 Causales", propuesta por la expresidenta Michelle Bachelet, y que fue concretado gracias a la inspiración y fuerza que dejó el movimiento feminista argentino con su "Marea Verde" en las organizaciones chilenas.
Además, se le ha recomendado al Estado chileno en múltiples ocasiones respetar los acuerdos internacionales en materia de derechos humanos, que señalan que no se debe criminalizar a las mujeres que interrumpen voluntariamente sus embarazos.
El Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Para (MESECVI) en 2017, en su "Informe hemisférico sobre violencia sexual y embarazo infantil en los Estados Parte de la Convención de Belém do Pará," señala la importancia de que los Estados Parte mejoren la efectividad de las medidas adoptadas en el cumplimiento de la garantía del derecho de las niñas a vivir libres de violencia, entre ellas la obligación a una maternidad no deseada.
Camila Maturana, abogada de Corporación Humanas, aseguró que el proyecto responde a una demanda feminista sostenida por largo tiempo y es una invitación a la sociedad y al Parlamento a debatir verdaderamente sobre los derechos de las mujeres y las niñas en el país, "porque la realidad es que más allá de la ley, las mujeres abortan igual pero en condiciones de clandestinidad, estigma y riesgos para su vida, salud e incluso su libertad personal".