En una decisión poco usual, Sessions atrajo el caso y revirtió la decisión de una corte de apelaciones migratoria que había concedido asilo a la mujer. En Estados Unidos, las cortes migratorias son parte del Departamento de Justicia, no del sistema judicial, por eso el Fiscal General puede intervenir.
Sessions argumentó que “el estatus de asilo no puede proveer reparación para cualquier mala fortuna”, y constató que tanto la violencia familiar como la violencia por parte de pandillas criminales “en general” no pueden ser motivo para pedir asilo. La decisión forma parte de la política anti-inmigrante del gobierno Trump y tendrá presumiblemente implicaciones en cientos de peticiones de asilo.
El centro de Estudios de Género y Refugiados de la Universidad de Hastings (CGRS, por sus siglas en inglés), que también formó parte de la defensa legal de la mujer salvadoreña, dijo que la demandante sufrió 15 años de violencia por parte de su ex marido. “La golpeó, incluso cuando estaba embarazada, la amenazó con un cuchillo y un arma”, la víctima buscó ayuda en instancias estatales salvadoreñas, pero sin resultados.
Fue por eso que se refugió en Estados Unidos. El asilo le fue concedido después de que una corte decidió en un precedente en 2014 que las sobrevivientes de violencia familiar necesitan protección, ya que para recibir asilo político, es necesario comprobar que una persona es perseguida o no protegida por un gobierno a causa de su raza, religión, etnia, nacionalidad, opinión política o como parte de “otro grupo social”.
La corte estableció que mujeres centroamericanas que no pueden escapar de matrimonios abusivos, son un grupo social.
Si ellas citan un “temor creíble” de volver a casa, ante oficiales migratorios, se tiene que abrir su caso. Según estadísticas de Homeland Security (el departamento de inmigración) 92 mil personas alegaron temor al llegar en la frontera en 2016, mientras que en 2008, fueron solamente 5 mil 100.
De las personas con “temor creíble” a persecución y tortura en su casa, un 73 por ciento venía de El Salvador, Honduras o Guatemala, y en 81 por ciento de los casos, la policía migratoria encontró que el temor fue fundado y refirió a las personas ante una jueza o un juez migratorio.
El Fiscal Sessions argumentó en su reversa a la decisión de la corte que la mujer salvadoreña no llena el criterio, porque “la simple existencia de circunstancias en común no hace a las personas que poseen estas características un grupo social en particular”. Para él, la violencia en casa y la violencia de pandillas es “violencia privada”.
Declaración que provocó el furor de los grupos defensores de mujeres e inmigrantes. “Esta decisión es un intento de regresarnos a una era en la que los Estados no reconocían los derechos de las mujeres como Derechos Humanos, en la que negaron una protección a las mujeres huyendo persecución de género”, dijo Karen Musalo, directora del CGRS.
La Asociación Cristiana de Mujeres Jóvenes de Estados Unidos (YWCA, por sus siglas en inglés), remarcó via Twitter que Sessions estaba “esencialmente emitiendo una sentencia de muerte a las personas buscando seguridad de violencia familiar y de pandillas”, y calificó esta política como “crueldad personificada”. Las dos son las principales razones porque ciudadanas y ciudadanos centroamericanos piden asilo.
La directora de la Red Nacional para Terminar Violencia Domestica (NNEDV, por sus siglas en inglés), Kim Gandy, declaró que “esta decisión desoladora pone en peligro a las ya vulnerables víctimas de violencia familiar, que no tienen otro sitio al que acudir.”
La directora de la Coalición Nacional contra Violencia Doméstica (NCADV, por sus siglas en inglés), instó a la administración Trump de revertir la decisión del Fiscal: “Nuestro país tiene que defender a las personas que se refugian de sus agresores, no importa donde nacieron o qué estatus tengan”, dijo Ruth Glenn.
En la plataforma Change.org, existe una petición que aboga por aclararle al Fiscal Sessions que la violencia familiar es un motivo para asilo político, y ya reunió casi 80 mil firmas, y la organización ACLU inició otra petición que pide a Sessions revocar su decisión.
La mujer salvadoreña que está por perder su estatus de asilo por la decisión de Sessions se mostró irritada: “Creo que las y los jueces migratorios están en contra de inmigrantes. Generalizan. Creen que vinimos para trabajar, no entienden que huimos para salvar nuestras vidas”, dijo a la organzación CGRS.(Sonia Gerth)