En los planos jurídico, práctico y social se expresan resistencias y actuaciones que limitan el pleno ejercicio de la libertad y los derechos sexuales, señalaron participantes en el Taller Nacional de Formación de Competencia para la identificación, denuncia y registro de vulneración a los derechos sexuales.
El encuentro fue organizado en Matanzas, a 120 kilómetros de la capital cubana, los días 24 y 25 de octubre, por el Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex), con apoyo del Centro de Orientación e Investigación Integral (COIN) de República Dominicana.
Para el psicólogo Alain Dacourt, de la central provincia de Cienfuegos, hace falta mayor influencia y presión desde el activismo social para hacer cumplir normas más justas en relación con los derechos sexuales.
"Percibo un divorcio entre el discurso políticamente correcto y la realidad. Muchas veces estos temas se quedan solo en el ámbito especializado y de las personas sensibilizadas e interesadas", acotó Dacourt ante representantes de redes sociales asociadas al Cenesex, como las de juristas, trabajadores sociales, mujeres lesbianas y bisexuales, humanidad por la diversidad, jóvenes y transexuales.
Entre los factores que limitan el ejercicio pleno de la libertad y los derechos sexuales, identificaron el predominio de una cultura patriarcal y machista, así como vacíos institucionales, sociales, en la esfera educativa y el ámbito jurídico, que redundan en actos de discriminación sexual, por motivo de género, color de la piel y otros.
"En el ámbito jurídico aún queda mucho por hacer", dijo la profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana Arlín Pérez Duharte.
Pérez Duharte es partidaria también de mejorar la actual práctica jurídica a partir de los instrumentos que existen y una mejor preparación de las y los operadores de justicia.
No obstante, reconoció vacíos e incongruencias. "Lo que tiene que ver con los derechos sexuales no aparece explícito en el Código Penal, con un título específico, de referencia directa, como existe en otros países", precisó.
Ese texto se refiere al "normal desarrollo de las relaciones sexuales en la familia, la infancia y la juventud", con un término como "normal", en extremo valorativo y que deja abierta la cuestión a la interpretación subjetiva del juez en la aplicación de la norma, expuso como ejemplo.
Por otro lado, la mención del delito de violación solo contempla que la víctima directa sea una mujer y que el sujeto activo sea un hombre.
Igualmente quedan muy limitadas las menciones a los abusos lascivos, el ultraje sexual y la pederastia.
"Se trata de un enfoque sumamente biologicista, no entendido como delito contra la libertad del disfrute sexual", precisó. "El problema legislativo no es solo poner o quitar palabras, sino definir el bien que se quiere proteger".
Por ello insistió en actuar en tres esferas a la vez: en la letra dela norma, en la teorización para cambiarla y en la práctica jurídica para una aplicación de la norma y la teoría.
Las normas jurídicas y de todo tipo cursan, además, por las creencias, la ideología y los criterios personales de quienes las aplican.
"Hay que tener en cuenta la región también", asegura Idalia Rivero Alarcón, de Venus, la Red de Mujeres Lesbianas y Bisexuales de la oriental provincia Granma, a más de 740 kilómetros de la capital cubana.
"Cuando un reglamento nacional se aplica en cada territorio, según la rigidez del pensamiento, también se recrudece ese reglamento", argumentó.
"La violencia y discriminación que vivimos las mujeres lesbianas a veces es la más oculta", comentó a SEMlac.
"Tenemos que lidiar a menudo con los estereotipos y creencias de personas con poder de decisión y autoridad que nos juzgan, valoran y subestiman por la forma en que nos vestimos o peinamos, por ejemplo, porque no la consideran adecuada, aunque es parte de nuestra identidad", sostuvo.
Otra dura realidad viven las personas trans, consideradas entre las más discriminadas y estigmatizadas socialmente, con reiterada vulneración de sus derechos.
La coordinadora del Red TransCuba, Malú Cano, también aboga por el apoyo de las distintas redes y personas interesadas en visibilizar los derechos de las personas transexuales y transgénero, para promover acciones más puntales y concretas por sus derechos.
Las personas trans han encontrado apoyo desde hace más de una década en el Cenesex, otras instituciones y espacios profesionales, cuentan con una red de activismo reconocida, han ido accediendo a las operaciones de readecuación sexual y otros servicios.
Sin embargo, carecen aún de una ley de identidad de género que les dé soporte y respaldo jurídico para su reinserción social bajo una nueva identidad, entre otros derechos.
La posibilidad de cambiarse el nombre como una forma de confirmación necesaria de su identidad, de acceder a otros derechos y evitar la revictimización social, por ejemplo, sigue quedando en el campo ambiguo de la interpretación legal.
"Eso hace que algunas hayan podido cambiarse el nombre y otras no lo hayamos conseguido todavía", comentó Cano a SEMlac.
Todas esas situaciones y otras valoradas en el encuentro se contraponen a la esencia misma de los derechos sexuales como derechos humanos.
"El respeto a los derechos sexuales conecta con el reconocimiento de las otras personas; no son derechos nuevos y les corresponden a todos los seres humanos", señaló Amaya Álvarez González, integrante de los servicios de Orientación Jurídica del Cenesex.
"La no discriminación, la libertad sexual, la autonomía, integridad y seguridad, entre otros derechos sexuales, son innatos, inherentes a cada persona, no acaban ni prescriben", dijo.
Como un paso más en el camino de identificar, denunciar y registrar la vulneración de los derechos sexuales en el país, asistentes al taller nacional conocieron y enriquecieron las ideas fundamentales de un registro digitalizado que actualmente se diseña y construye en el Cenesex.
El Sistema de Gestión de los Servicios de Orientación Jurídica del Cenesex será una vía que facilitará la notificación de casos de vulneración de derechos sexuales, además de un instrumento para acopiar estadísticas e información sobre el tema.
Igualmente deberá contribuir a la atención y solución de muchos de estos casos, en alianza y coordinación con las entidades correspondientes.