El texto recomienda "tipificar en la legislación la violencia política que se ejerce contra las mujeres incluyendo facultades claras para las autoridades, órdenes de protección, sanciones y reparación integral del daño".
La publicación es un trabajo que se enmarca en el proyecto Atenea, el cual es un mecanismo de aceleración de la participación política de las mujeres impulsado por el PNUD, ONU Mujeres e Idea internacional.
El documento plantea una serie de conclusiones y recomendaciones en las cuales se reconoce que "México ha firmado y ratificado los principales instrumentos vinculantes en materia de derechos humanos y ha asumido responsabilidades para promover, respetar y garantizar el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales de las mujeres, no existen rezagos legislativos pero se identifican desafíos para transitar a la igualdad de facto".
"México no cuenta con un marco regulatorio que tipifique la violencia política como delito, aunque cuenta con un Protocolo que permite responder a las denuncias que las agraviadas promuevan ante autoridades electorales administrativas y jurisdiccionales".
La publicación de 111 páginas sugiere que los partidos políticos en México constituyen el mayor obstáculo para que las mujeres accedan e influyan en la toma de decisiones partidarias, la agenda política y el debate público y recomienda reformar los documentos básicos de los partidos "para garantizar el principio de paridad y de igualdad sustantiva en su estructura orgánica o instancias de dirección, en candidaturas a todos los cargos de elección popular".
Asimismo, plantea garantizar que los partidos políticos asignen y respeten una distribución equitativa de recursos durante las campañas electorales a mujeres y hombres y otorguen igual tratamiento en los espacios de difusión en los medios de comunicación.
Sobre el ejercicio de las mujeres del derecho al sufragio, el texto destaca que en México un mayor porcentaje de mujeres acude a las urnas, pero advierte que "durante las campañas electorales los partidos tienden a utilizarlas como clientela cautiva, como beneficiarias de servicios vinculados a programas gubernamentales".
Llaman "a las autoridades electorales administrativas de los ámbitos federal y locales a promover campañas dirigidas a la población femenina para que ejerzan su derecho a votar en los procesos electorales de manera libre y voluntaria, así como los pasos a seguir para denunciar cuando sean objeto de coacción para inducir sus votos a través de acciones que constituyen delitos en la Ley General en Materia de Delitos Electorales.
El diagnóstico destaca que desde la conquista del sufragio femenino en 1953, la participación de las mujeres en Presidencias Municipales es la más alta en la historia y también indica que estas son "invisibilizadas" en cargos por designación dentro de la estructura jerárquica del Poder Ejecutivo.
"Ninguna mujer ha ocupado la Presidencia de la República, muy pocas han sido candidatas y la participación de las mujeres en las Secretarías de Estado es limitada".
El diagnóstico propone iniciar un segundo proceso de armonización legislativa en materia electoral, a fin de incluir la paridad horizontal y vertical en los Ayuntamientos y Presidencias Municipales y, entre otras cosas, promover que se incorpore el principio de paridad en la postulación de candidaturas para integrar la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. (Elva Narcia)