La crónica de lo sucedido el pasado jueves se inició el 20 de junio, cuando PepsiCo comunicó el cierre de la planta ubicada en Florida (zona norte de la Provincia de Buenos Aires).
La empresa emitió una carta argumentando que la localización de esa planta en un barrio residencial conllevaba "la imposibilidad de ampliación ni modernización; la inviabilidad económica derivada de su alta estructura de costos y las dificultades logísticas de acceso y traslados".
Lo cierto es que el cierre de esa planta deja a 600 familias en la calle, de las cuales un gran porcentaje son mujeres (se calcula que el 50 %).
Desde el gobierno dicen que muchos de ellos arreglaron indemnización. Pero, a quienes fueron despedidos, no es la indemnización lo que les preocupa, sino el hecho de quedarse sin una fuente laboral y la posibilidad de no volver a reinsertarse como fuerza de trabajo.
En Argentina, según el último informe de INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos), la tasa de desempleo subió a 9,2 por ciento en el primer trimestre de este año, con un alza de 1,6 punto porcentual respecto del cuarto trimestre de 2016, cuando había sido de 7,6 por ciento.
"Las trabajadoras de PepsiCo habían enviado una carta a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, Eugenia Vidal, en la cual le pedían que no use la fuerza contra las mujeres trabajadoras".
En la misiva le contaban a Vidal que "muchas de nosotras somos sostén de hogar, madres solteras, esposas que llevamos parte de lo necesario para sostener a nuestras familias.
Muchas trabajamos hace años en PepsiCo y muchas estamos enfermas. Los ritmos de producción y las tareas repetitivas nos causaron enfermedades laborales, como la tendinitis, que nos impide conseguir trabajo en otros lugares.
La empresa nos ofrece una indemnización. Pero ¿qué vamos a hacer cuando esto se acabe?, ¿de qué manera vamos a darle de comer a nuestros hijos?".
La carta que antecedió a la brutal represión del jueves, en la que hubo gases, balas de gomas, golpes y palos, advertía a la gobernadora que la jueza Andrea Rodríguez Mentasty y el fiscal Gastón Larrramendi, "en vez de procesar a los gerentes que cometieron el delito de lock out cerrando la fábrica ilegalmente, nos quiere mandar a la Policía Bonaerense para sacarnos de la fábrica donde estamos cuidando nuestros puestos de trabajo.
Nosotras nos preguntamos, ¿realmente van a mandar a la Policía Bonaerense, la policía de la Provincia que usted conduce, a pegarnos a nosotras y a nuestros compañeros?".
Nada fue suficiente. Ifantería y Gendarmedía reprimieron en PepsiCo, mientras que el ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, justificó el accionar policial diciendo que la "Policía actuó como tiene que actuar".
En tanto, las y los despedidos de PepsiCo iniciaron una campaña de boicot para que no se consuman los productos de esa compañía (Lay´s, Quaker, Twitos, Doritos, 3D, Pehuamar, 7Up, Tropicana, entre otros).
En solidaridad con empleados y empleadas de PepsiCo, se cortaron las vías del recorrido del Ferrocarril Sarmiento, que comprende un recorrido por la zona oeste de Buenos Aires y desde el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia convocaron a una concentración en Plaza de Mayo de Argentina. (Norma Loto)