Ciudad de México, 14 jun (EFE).- Organizaciones no gubernamentales (ONG) presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México un amicus curiae para que declare inconstitucional que la Guardia Nacional (GN) se despliegue en las fronteras norte y sur con fines de control migratorio, según informaron este martes.
La demanda fue hecha en conjunto por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano y los Programas de Seguridad Ciudadana y Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana en Ciudad de México.
“El amicus aborda específicamente las facultades de control y verificación migratoria otorgadas a este cuerpo de seguridad militarizado (Art. 9, fracción XXXIII, XXXV y XXXVI), por los riesgos y consecuencias que tiene su involucramiento en tareas migratorias para los derechos humanos de las personas migrantes y sujetas de protección internacional”, refirieron las organizaciones en un comunicado.
Señalaron que el amicus curiae presentado este martes acerca a la Corte información documentada sobre abusos y violaciones a derechos humanos de personas migrantes y sujetas de protección internacional cometidas por esta institución.
“Que son el resultado de la naturaleza y composición de la GN como un cuerpo militarizado, con más del 80 % de sus elementos proveniente del sector castrense, así como en estructura, capacitación y mandos”, afirmaron.
Refirieron que la información proporcionada al Supremo permitirá que la institución, al momento de resolver la acción de inconstitucionalidad, cuente con insumos sobre los riesgos de otorgar facultades en materia de control y revisión migratoria a este cuerpo de seguridad.
Criticaron que desde su creación, hace tres años, la Guardia Nacional fue vinculada en gran medida al control migratorio, bajo una lógica de contención en las fronteras: en febrero de 2022, de 99.946 miembros desplegados en México, 15.822 fueron ubicados en los estados fronterizos con Estados Unidos y 9.298 miembros en estados de la frontera sur.
A ello se suma el despliegue de los integrantes de este grupo para tareas de control y verificación migratoria en puntos de revisión en el país como retenes, estaciones de autobuses y aeropuertos.
Además de que el Gobierno le asignó el resguardo de Estaciones Migratorias, en las que personas migrantes y sujetas de protección internacional se encuentran privadas de la libertad por motivos migratorios.
Señalaron que se han documentado recurrentes violaciones a derechos humanos de las personas migrantes y solicitantes de protección internacional en la frontera sur.
“Incluyendo agresiones, abuso de la fuerza, encapsulamiento y dispersión de las personas migrantes en tránsito; uso de armas de fuego que causaron la ejecución extrajudicial de un migrante, así como casos de tortura en estaciones migratorias”, precisaron.
Las organizaciones pidieron a la SCJN revisar “a la brevedad” la acción de inconstitucionalidad, en el contexto de profundización de la militarización que vive “y que ha sido señalada con preocupación por diversos organismos internacionales”.
La Guardia Nacional, un cuerpo de seguridad conformado en su mayoría por militares, ha generado muchas críticas en un país todavía afectado por la llamada guerra contra el narcotráfico, impulsada por el expresidente conservador Felipe Calderón (2006-2012) junto con las Fuerzas Armadas.
En los últimos tiempos ha habido un flujo migratorio récord hacia EE.UU., cuya Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) detectó a más de 1,7 millones de indocumentados en la frontera con México en el año fiscal 2021, que terminó el 30 de septiembre pasado.
El Gobierno mexicano reportó el fin de semana antepasado un incremento del 89 % interanual en el número de migrantes presentados o canalizados por la autoridad migratoria en el primer trimestre de 2022, al sumar 77.626 de enero a marzo.
México deportó a más de 114.000 extranjeros en 2021, de acuerdo con datos de la Unidad de Política Migratoria, cifras no vistas en casi 15 años, mientras que en el año fiscal 2022, que arrancó el 1 de octubre de 2021, la CBP ha contabilizado más de un millón de migrantes interceptados en la frontera sur estadounidense.