“Una buena noticia es que la universidad regresa a sus labores y yo creo que es algo que todos los universitarios celebraremos y nos toca poner el planteamiento que tiene la universidad. Este fallo o este resultado al laudo tiene un costro económico que hace inviable poderlo cumplir. Así empecemos de alguna manera a reducir los gastos, hicimos una evaluación que significaría por ejemplo que el programa de becas lo pudiéramos cancelar pero ni con eso nos da (…) pone realmente en una posición difícil a la universidad. El monto general es arriba de los 900mdp”, expresó el rector.
Tras hacer cuentas y constatar que ni sacrificando programas académicos y de becas alcanzarían los recursos para dar cumplimiento a las exigencias del STEUAQ, el rector anunció que se estará interponiendo un amparo ante un juez federal “toda vez que la resolución de la autoridad gubernamental pone serio peligro la viabilidad financiera de la UAQ”.
“No vamos a cancelar el proyecto académico de la Universidad y no vamos a permitir que la Universidad pierda la calidad ad académica de la que todos estamos orgullosos”, expresó.
Por su parte, el abogado general, Óscar Guerra Becerra, comentó que el proceso que derivó en este laudo requería de los dictámenes de peritos en aspectos económicos, actuariales y financieros; tres de ellos debían ser por parte de la autoridad laboral, uno por la Universidad y otro por el sindicato, un proceso que podrían haber durado meses o hasta años, y nada de ello se presentó.
Ahora dijo que con el visto de los especialistas deberá determinarse si la Institución tiene o no la capacidad de cumplir las exigencias de la dirigencia sindical y explicó que en casos extremos de este tipo, procede a que si no se puede cumplir esto serían obligados a hacerlo incluso a través de la venta de los bienes del patrón o de concluir la relación laboral con los trabajadores.
“Lo común es que este procedimiento lo solicite el patrón porque, ante las peticiones del sindicato asegura no poder cumplirlas; de tal manera que, una vez agotado, se verifica por los peritos y la autoridad que efectivamente hay recursos con los cuales pueden cumplirse las exigencias”, explicó.
Se informó que la universidad reanudará sus actividades de manera normal, terminando con el periodo vacacional el próximo 4 de abril para los 28 mil estudiantes y el 7 de abril próximo se mantiene firme la organización del Consejo Universitario para que asista el gobernador Francisco Domínguez Servién y pueda escuchar la “indignación” de la comunidad universitaria por esta situación que reiteraron denota claramente -dijeron- "intromisión gubernamental”.