Esto luego de que la Secretaría de Gobernación, a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, a cargo de Alejandro Encinas Rodríguez, advirtió que las reformas al Código Penal de Querétaro, atentan contra los derechos humanos y contravienen los principios constitucionales.
“Si hay alguna persona que no esté de acuerdo con esto es un tema de litigio, de discutir los argumentos y las razones jurídicas ante los Tribunales Federales”, apuntó.
En ese sentido, reiteró que las reformas fueron aprobadas por 24 diputadas y diputados locales integrantes de todas las bancadas y que están diseñadas sobre tres ejes jurídicos sustentados en un ánimo de orden social para promover un comportamiento solidario en esta contingencia sanitaria.
Esto luego de que se sancionará la violencia familiar, a las personas contagiadas de Covid-19 que no respeten la cuarentena y a quien agreda a personal médico.
“Estas tres líneas estratégicas jurídicas están sustentadas en un ánimo de orden social y es promover la solidaridad”, expresó.
Granados Torres, apuntó que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos establece que en tiempos de pandemia las autoridades pueden generar una limitación o restricción a los derechos fundamentales bajo los criterios de necesidad, razonabilidad, proporcionalidad y temporalidad.
Por lo cual, sostuvo que aunque respeta la opinión de las personas, a quien no esté de acuerdo puede llevar el tema a litigio para discutir los argumentos y la razones jurídicas ante los Tribunales Federales.
“Pero de que existe el sustento tanto social, político y el consenso partidista, pero además la necesidad de las medidas eso quedó claro y expuesto en las sesiones respectivas; se está exigiendo una actitud solidaria y comprensiva hacia los demás”, enfatizó.
El titular de la Secretaría de Gobierno Estatal, añadió que aún se está a la espera de que se remita el documento legislativo de las reformas para que el gobernador apruebe su publicación en el Diario Oficial la Sombra de Arteaga para su vigencia obligatoria.
La Secretaría de Gobernación hizo un llamado a los Congresos federal y locales, así como a los poderes Ejecutivo y Judicial, a no hacer uso del derecho penal para enfrentar la emergencia sanitaria.