El Secretario de Gobierno Estatal, Juan Martín Granados Torres, detalló que el objetivo del primer protocolo es que se busque dar alivio desde un inicio a la persona víctima de violencia.
"La intención del protocolo es homogeneizar el proceso aplicable a los operadores de atención a víctimas de violencia de género de todas las instituciones municipales y estatales; se definen las acciones concretas de cada operador; se cambian orientaciones por instrucciones sin que esto implique sustituir la normativa y la funcionalidad original de cada de una de las áreas que participan de manera integral", abundó.
Una vez dado ello, agregó que mediante un sistema informático que tendrá un pilotaje, se conducirá el caso para un tratamiento especializado, según la situación y el contexto y entrará en funcionamiento el área correspondiente.
Inclusive, reveló que este protocolo pretende que los agresores de este fenómeno tengan también una atención.
Para la elaboración de este nuevo documento, recordó, se integró un equipo de 11 instituciones y 18 personas para revisar 32 normativas, tratados y protocolo s internacionales, leyes y normas federales, leyes y normas locales y municipales aplicables al tema, quienes durante varias semanas analizaron la base de atención por la que una persona es atendida por las instituciones.
En este análisis, apuntó que se encontró que todos los protocolos son enunciativos, evocan principios y derechos de manera abstracta, por lo que, no orientan al operador en cuanto acciones concretas.
Por lo tanto, admitió que los protocolos eran inadecuados para la atención de cada caso en particular.
Respecto al Programa Estatal de Prevención del Delito de Desaparición y no Localizadas de Personas Querétaro 2019-2021, Granados Torres, indicó que tiene por objetivo que exista una política interinstitucional a nivel municipal y estado, para que en la realidad contextualmente existan acciones concretas en cada municipio y en cada área estatal.
Dio a conocer que de diciembre del 2018 a diciembre del 2019 se reportaron 86 casos de personas no localizadas y que del 2006 al 2019 hay cero reporte de fosas clandestinas en territorio estatal.
Ambos documentos, que fueron aprobados en el Consejo Estatal de Seguridad, serán revisados por la ciudadanía especializada y se espera que ya sean obligatorios en los 18 municipios para la octava sesión ordinaria de dicho próximo consejo.